El Real Decreto 952/2026 renueva veinte años después la regulación de los biocidas: nuevo registro, trazabilidad digital y carné de aplicador en seis años

El BOE del viernes 6 de noviembre de 2026 publica el Real Decreto 952/2026, de 4 de noviembre, por el que se regula el registro y las condiciones de autorización, fabricación, comercialización y uso de biocidas. La norma sustituye al Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, que durante más de dos décadas ha ordenado el sector, y llega con un horizonte largo: el grueso del texto entrará en vigor el 1 de julio de 2027, aunque una parte de su derogatoria produce efectos desde hoy, 7 de noviembre de 2026.

Los biocidas —desinfectantes, productos de control de plagas, conservantes— se rigen en lo sustancial por el Reglamento (UE) n.º 528/2012, de 22 de mayo, de aplicación directa. Lo que regula el nuevo real decreto es el andamiaje nacional que ese reglamento no cubre: el reparto competencial entre Estado y comunidades autónomas, el Registro Oficial de Biocidas de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB), la trazabilidad de las transacciones y la formación del personal técnico aplicador. La norma se apoya en el artículo 25.1 y 3 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, y en la habilitación de la disposición final quinta de la Ley 33/2011, y ha sido notificada a la Comisión Europea conforme al procedimiento de información de la Directiva (UE) 2015/1535.

Del Libro Oficial de Movimientos a la trazabilidad digital

Uno de los cambios de mayor calado operativo es la sustitución del antiguo Libro Oficial de Movimientos de Biocidas por un sistema de trazabilidad de las transacciones. El preámbulo lo justifica en dos pasos: el control clásico se anclaba a la peligrosidad del producto según la vieja clasificación de tóxicos y muy tóxicos del Real Decreto 255/2003, mientras que hoy la clasificación de sustancias y mezclas se rige por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP), con el que procede conectar los requisitos; y, además, los enfoques basados en las nuevas tecnologías "aseguran una mejor trazabilidad de la cadena de suministro" y resultan más flexibles y eficaces que los registros de movimientos. El artículo 13.2 desarrolla el nuevo sistema de trazabilidad, cuya aplicación efectiva se aplaza seis meses desde la entrada en vigor: durante ese periodo transitorio seguirán aplicándose el artículo 28 del Real Decreto 1054/2002 y la Orden de 24 de febrero de 1993, reguladora del Libro Oficial de Movimiento de Plaguicidas Peligrosos, mientras los operadores adaptan sus sistemas y procedimientos.

Registro Oficial de Biocidas y ROESB

El artículo 4 consolida el Registro Oficial de Biocidas como el registro nacional y público en el que se inscriben todos los biocidas autorizados para su comercialización y uso en España. La regla de mercado es taxativa: solo podrán comercializarse y utilizarse en España los biocidas que cumplan el Reglamento (UE) 528/2012 y el nuevo real decreto y hayan sido autorizados conforme al reglamento, o que figuren en los Registros Oficiales de Plaguicidas no agrícolas contemplados en la disposición transitoria primera, mientras concluye el traspaso paulatino al registro unificado vinculado al programa europeo de revisión de sustancias activas del Reglamento Delegado (UE) n.º 1062/2014.

El ROESB, por su parte, seguirá siendo el registro en el que deben inscribirse los locales o instalaciones ubicados en territorio español donde se fabriquen, envasen, almacenen o comercialicen biocidas, así como los servicios biocidas —definidos como las entidades que diseñan y realizan tratamientos con biocidas de uso profesional especializado, con responsable técnico y personal aplicador cualificado—, incluidas las instalaciones fijas de tratamiento. La inscripción corresponde al ROESB de la comunidad autónoma donde se ubique la actividad, sin perjuicio de que la normativa autonómica de desarrollo pueda extender la obligación a otros servicios.

En comunicaciones electrónicas, la norma distingue dos carriles: los procedimientos sometidos al Reglamento (UE) 528/2012 se tramitan obligatoriamente a través de la plataforma R4BP de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), conforme a sus artículos 71 y 79, mientras que los procedimientos nacionales transitorios del artículo 89 del reglamento se canalizan por la sede electrónica del Ministerio de Sanidad.

Quién hace qué: la Dirección General de Salud Pública y la AEMPS

El real decreto distribuye con detalle las funciones entre autoridades. A la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud le corresponde actuar como autoridad competente receptora y evaluadora en los procedimientos del Reglamento (UE) 528/2012 —aprobación y renovación de sustancias activas, autorización, renovación y modificación de productos—, autorizar los biocidas destinados al mercado nacional, gestionar el Registro Oficial de Biocidas y ejercer como punto focal nacional, coordinando las actuaciones derivadas de la información de la Red Nacional de Vigilancia, Inspección y Control de Productos Químicos y del Sistema de Intercambio Rápido de Información sobre Productos Químicos (SIRIPQ). También recabará de las comunidades autónomas, del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de la AEMPS y de los ministerios de Agricultura y de Transición Ecológica la información para el informe sobre la aplicación del reglamento que exige su artículo 65.3, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Hacienda en la aprobación de las tasas previstas en el artículo 80.2 del reglamento europeo. A la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se reserva el informe sobre la eficacia de los biocidas para la higiene humana, los repelentes de uso humano y los desinfectantes de superficies, materiales y equipos de ambientes clínicos y quirúrgicos.

Cualificación del personal aplicador: seis años de plazo

La disposición transitoria cuarta marca el calendario formativo del sector: el personal técnico aplicador que actualmente realice tratamientos con biocidas deberá acreditar la formación o los certificados que exige el artículo 16 en el plazo de seis años desde la entrada en vigor del real decreto, salvo que la normativa sectorial aplicable establezca requisitos distintos. Se exceptúa al personal que ya cuente con los certificados de profesionalidad SEAG0110 (Servicios para el control de plagas) y SEAG0212 (Mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos), que conforme a la disposición adicional quinta del Real Decreto 1157/2024 equivalen a los certificados profesionales SEA_C_001_4B y SEA_C_002_4B y habilitan para los mismos tratamientos. La experiencia profesional podrá reconocerse a través del procedimiento de acreditación de competencias del Real Decreto 659/2023.

Una derogatoria amplia pero quirúrgica

La disposición derogatoria única da buena cuenta de la arqueología normativa del sector: deroga, entre otras, el Decreto 2274/1965 sobre desinsectación de establecimientos de uso público; el Real Decreto 3349/1983, salvo los artículos 1, 2, 4, 7 y 13, que seguirán aplicándose a los plaguicidas no agrícolas hasta que finalice el programa europeo de revisión de sustancias activas; el Real Decreto 3360/1983, de lejías; el propio Real Decreto 1054/2002, sin perjuicio de sus disposiciones transitorias; el Real Decreto 830/2010, de capacitación para tratamientos con biocidas, excepto su disposición final cuarta mientras siga en vigor la Orden SCO/3269/2006, del ROESB; y la Orden SCO/317/2003 de homologación de cursos. La disposición final tercera, en un juego de fechas poco habitual, fija la entrada en vigor general el 1 de julio de 2027 pero adelanta al día siguiente de la publicación —7 de noviembre de 2026— los efectos del apartado h) de la derogatoria.

Qué deben preparar los operadores

El sector —empresas de control de plagas, servicios de higiene ambiental, fabricantes y distribuidores— tiene por delante tres deberes de adaptación: migrar del Libro de Movimientos al sistema de trazabilidad del artículo 13 en el semestre siguiente a la entrada en vigor, planificar la cualificación de sus plantillas dentro del sexenio transitorio y revisar las inscripciones ROESB de sedes, delegaciones e instalaciones fijas. Para los despachos que asesoran al sector químico y sanitario, la convivencia del Reglamento 528/2012, el nuevo real decreto y los restos transitorios del Real Decreto 3349/1983 exigirá especial cuidado en la identificación de la norma aplicable a cada producto y cada operación.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo entra en vigor el Real Decreto 952/2026?

Con carácter general, el 1 de julio de 2027. Excepcionalmente, el apartado h) de su disposición derogatoria produce efectos desde el 7 de noviembre de 2026.

¿Sigue vigente el Libro Oficial de Movimientos?

Solo durante seis meses tras la entrada en vigor: después será sustituido por el nuevo sistema de trazabilidad de las transacciones del artículo 13.2.

¿Qué plazo tiene el personal aplicador para cualificarse?

Seis años desde la entrada en vigor para acreditar la formación del artículo 16, salvo quienes ya posean los certificados de profesionalidad SEAG0110 o SEAG0212.

Fuentes

• Real Decreto 952/2026, de 4 de noviembre (BOE-A-2026-23267)