El Real Decreto 950/2026 fija qué se podrá comer en hospitales, residencias y comedores de centros públicos: 25 % ecológico y límites a grasas, azúcares y sal

El BOE del viernes 6 de noviembre de 2026 publica el Real Decreto 950/2026, de 4 de noviembre, por el que se establecen criterios para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros de titularidad pública y en centros para personas en situación de dependencia o personas con necesidades especiales de titularidad privada. Es una norma de largo recorrido: por primera vez, los requisitos nutricionales y de sostenibilidad dejan de ser recomendaciones y se convierten en condiciones jurídicamente exigibles en la contratación, adquisición y oferta de alimentos y bebidas por buena parte del sector público, con el régimen sancionador de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, como respaldo.

El real decreto consta de 23 artículos, cinco capítulos, dos disposiciones transitorias, tres disposiciones finales y un anexo, y entrará en vigor a los doce meses de su publicación, es decir, el 6 de noviembre de 2027, para dar tiempo a los sujetos obligados a adaptar sus contratos y sus sistemas de compra.

A quién se aplica

El artículo 2 define un ámbito subjetivo amplio. Por un lado, las administraciones públicas, sus centros de titularidad pública y el sector público institucional cuando tengan la condición de poderes adjudicadores conforme al artículo 3.3 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Eso incluye expresamente a los centros sanitarios y sociosanitarios públicos —hospitales y residencias, en términos llanos—, que quedan sometidos a la norma incluso cuando prestan el servicio de alimentación con medios propios, sin contrato alguno. Por otro lado, los centros y servicios sanitarios y sociosanitarios de titularidad privada que realicen prestaciones para personas en situación de dependencia y con necesidades especiales, es decir, el grueso de las residencias privadas de mayores y de discapacidad.

Quedan fuera los comedores y cantinas de dependencias diplomáticas o consulares fuera de España, los buques oceanográficos estatales, los buques de la Armada y las instalaciones alimentarias militares temporales o desplegadas en operaciones. Y los comedores escolares no se rigen por esta norma, sino por el Real Decreto 315/2025, de 15 de abril, que ya fijó reglas propias para los centros educativos; de hecho, la disposición final primera del nuevo real decreto modifica el Real Decreto 315/2025 para extender sus garantías al primer ciclo de Educación Infantil, completando la programación de menús de cero a tres años y regulando medidas de apoyo a la lactancia materna en esa etapa.

El propio artículo 2.4 prevé una válvula de escape: en casos excepcionalmente motivados, los poderes adjudicadores podrán solicitar la adaptación de los criterios, que deberá aprobarse caso por caso por resolución de la Presidencia de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), a propuesta de su Comisión Institucional.

La estructura de la norma

Los cinco capítulos escalonan las obligaciones según el operador. El capítulo I contiene las disposiciones generales. El capítulo II fija los requisitos y criterios nutricionales y de sostenibilidad aplicables a la contratación, adquisición y oferta de alimentos y bebidas por las entidades consideradas poderes adjudicadores: es la pieza que transformará los pliegos de los contratos de restauración colectiva. El capítulo III añade criterios adicionales específicos para centros sanitarios y sociosanitarios públicos, atendiendo a la especial vulnerabilidad de sus usuarios; el preámbulo recuerda que la desnutrición relacionada con la enfermedad es un problema de salud pública de primer orden en el ámbito hospitalario, especialmente entre personas mayores y pacientes crónicos. El capítulo IV extiende requisitos nutricionales y de sostenibilidad a los centros y servicios sanitarios y sociosanitarios de titularidad privada incluidos en el ámbito. Y el capítulo V regula el control y el régimen sancionador, con remisión al ya establecido en la Ley 17/2011.

El 25 % de producto ecológico y los umbrales del anexo

Entre los criterios de sostenibilidad del capítulo II destaca uno medible: al menos el 25 % del total del coste de adquisición de alimentos ofertados deberá corresponder a producción ecológica, entendida como la regulada por el Reglamento (UE) 2018/848, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos. La disposición transitoria segunda suaviza el arranque: durante los cuatro primeros años desde la entrada en vigor, ese porcentaje será del 10 %, de modo que la exigencia plena del 25 % solo será exigible, en la práctica, a partir de noviembre de 2031.

El anexo fija, además, los umbrales nutricionales que definen los alimentos con alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal añadidos —con valores de referencia de energía, azúcares y ácidos grasos saturados—, sobre los que se articulan las restricciones de oferta de los capítulos siguientes. La norma se apoya en el trabajo previo del documento de consenso impulsado en el marco de la Ley 17/2011 y en las orientaciones de la propia AESAN, incluidas sus recomendaciones de 2023 para menús saludables y sostenibles en centros residenciales y de día para personas mayores.

Transitoriedad y contratos en curso

La disposición transitoria primera protege la contratación ya en marcha: el real decreto no se aplicará a los expedientes iniciados antes de su entrada en vigor, entendiéndose iniciado el expediente cuando se haya publicado la convocatoria del procedimiento de adjudicación; en los procedimientos negociados sin publicidad, la fecha relevante es la de aprobación de los pliegos. A partir del 6 de noviembre de 2027, en cambio, todo nuevo pliego de comedores de hospitales, residencias públicas o centros de la administración deberá incorporar los nuevos criterios, y los operadores privados de centros de dependencia tendrán que cumplirlos directamente.

Título competencial y sanciones

La norma se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución —bases y coordinación general de la sanidad— y del 149.1.18.ª —legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas—, doble cobertura que explica su doble naturaleza: regla sanitaria y regla de contratación pública. En coherencia con el principio de seguridad jurídica, el real decreto no crea un catálogo sancionador nuevo, sino que se remite al régimen ya previsto en la Ley 17/2011, lo que sitúa el incumplimiento de los criterios nutricionales en el terreno de las infracciones de seguridad alimentaria y nutrición.

Qué cambia en la práctica para despachos y operadores

Para las administraciones, la consecuencia inmediata es de ingeniería contractual: los pliegos de restauración colectiva tendrán que incorporar los criterios de los capítulos II y III como condiciones de adjudicación y ejecución, con los umbrales del anexo como referencia verificable. Para las empresas de catering y los grupos de restauración, la norma redefine su mercado público: la composición de la oferta y el porcentaje de compra ecológica pasan a ser obligaciones contractuales auditables, no promesas comerciales. Y para los despachos que asesoran a residencias privadas de dependencia, el capítulo IV convierte en exigible lo que hasta ahora era, en el mejor de los casos, política interna de calidad.

La reforma se enmarca en la misma política legislativa que el citado Real Decreto 315/2025 para comedores escolares y conecta con otros instrumentos de contratación pública verde, como el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado que el propio preámbulo cita. No es una norma aislada, sino la pieza sanitaria de una estrategia más amplia sobre compra pública y salud que los despachos de lo contencioso y de contratación pública seguirán de cerca.

Preguntas frecuentes

¿Desde cuándo es obligatorio el Real Decreto 950/2026?

Entra en vigor a los doce meses de su publicación en el BOE, es decir, el 6 de noviembre de 2027. Los contratos cuyo expediente se hubiera iniciado antes quedan al margen.

¿Los comedores escolares se rigen por este real decreto?

No. Los centros educativos siguen regulados por el Real Decreto 315/2025, aunque el nuevo real decreto lo modifica para extender sus garantías al primer ciclo de Educación Infantil y regular el apoyo a la lactancia materna.

¿Qué porcentaje de producto ecológico se exige?

El 25 % del coste de adquisición de alimentos, pero durante los cuatro primeros años desde la entrada en vigor el porcentaje exigible será del 10 %.

Fuentes

• Real Decreto 950/2026, de 4 de noviembre (BOE-A-2026-23265)