Condena unánime contra el general (r) Óscar Izurieta por lavado de activos en el caso Milicogate
El veredicto acreditó que gastos reservados del Ejército fueron desviados de sus fines legales y luego utilizados por Izurieta en operaciones de lavado de dinero. El CDE celebró el fallo como querellante.
El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó un veredicto condenatorio unánime contra el excomandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta, como autor del delito de lavado de activos en el marco del caso conocido como Milicogate. Así lo informó el Consejo de Defensa del Estado -CDE- en un comunicado oficial fechado el 6 de noviembre de 2026, en el que el organismo, actuante como querellante en la causa, valoró la decisión del tribunal. La audiencia de lectura de sentencia quedó fijada para el próximo 27 de noviembre.
Qué acreditó el tribunal
Según el comunicado del CDE, el juicio oral se desarrolló entre septiembre y noviembre de 2026, y el tribunal ponderó la abundante prueba documental y testimonial presentada por el Ministerio Público y por el propio Consejo de Defensa del Estado. Con esa prueba, el veredicto dio por acreditado que los gastos reservados asignados a la institución castrense fueron desviados de sus fines legales por los comandantes en jefe en ejercicio durante el periodo investigado, conciliándose así el delito base de malversación de caudales públicos, y que posteriormente esos fondos fueron utilizados por el excomandante en jefe Óscar Izurieta en operaciones de lavado de dinero.
La estructura fáctica descrita por el CDE es relevante para entender la condena: el lavado de activos requiere un delito base del que provienen los fondos, y aquí ese delito base sería la malversación de caudales públicos cometida en el manejo de los gastos reservados. La condena no sanciona, entonces, una sola conducta, sino una cadena: el desvío original de fondos públicos y su posterior ocultamiento o transformación mediante operaciones de lavado.
Un juicio oral de dos meses y un veredicto unánime
El dato temporal no es menor: el juicio oral se desarrolló entre septiembre y noviembre de 2026, es decir, un debate extendido por semanas en el que desfilaron la prueba documental y los testigos citados por ambas acusaciones. En el sistema de juicio oral en lo penal, el tribunal que dicta el veredicto es el mismo que presenció directamente la rendición de la prueba, sin intermediarios ni expedientes escritos como sustituto del debate. Que la condena haya sido unánime significa que los tres integrantes del tribunal coincidieron en la valoración de esa prueba, lo que otorga al veredicto una solidez que será relevante en la eventual discusión de los recursos.
El otro elemento factual destacado por el comunicado es la naturaleza de los fondos involucrados. Los gastos reservados son asignaciones públicas cuyo detalle de uso no se publicita por razones de seguridad o interés institucional, justificadas precisamente en la confianza que el ordenamiento deposita en quienes los administran. El veredicto acredita que esa confianza fue quebrantada desde la cúpula: fueron los comandantes en jefe en ejercicio durante el periodo investigado quienes desviaron esos recursos de sus fines legales.
La reacción del Consejo de Defensa del Estado
Como querellante, el organismo destacó que el veredicto acogiera el delito penal invocado en su acusación particular, lo que -en sus palabras- subraya la relevancia y trascendencia de la labor jurídica y técnica desplegada por la institución en la protección del patrimonio fiscal. La presidenta del CDE, Ana María Hübner, declaró que "este veredicto condenatorio contra el excomandante en jefe ratifica la extrema gravedad de los hechos que afectan la confianza pública de la ciudadanía en sus instituciones", y agregó que el organismo valora que los antecedentes expuestos durante el juicio hayan sido acogidos por el tribunal, reafirmando su compromiso con la persecución de ilícitos que comprometen el patrimonio fiscal y la defensa de la probidad pública.
La figura del querellante merece una explicación para el lector no penalista: en el proceso penal chileno, ciertos organismos y particulares pueden hacerse parte de la persecución penal con un rol activo, presentando su propia acusación junto a la del Ministerio Público. Que el CDE -el abogado del Estado- haya ejercido ese rol y que el tribunal haya acogido su tesis significa que la defensa del patrimonio fiscal no quedó solo en manos del Ministerio Público, sino que contó con una acusación institucional paralela que resultó convincente para el tribunal.
Qué sigue: la lectura de sentencia del 27 de noviembre
El veredicto condenatorio no es la sentencia final. Tras la dictación del veredicto, el Consejo de Defensa del Estado asistirá a la audiencia de lectura de sentencia fijada para el próximo 27 de noviembre, en la que el tribunal comunicará la pena y las determinaciones civiles o accesorias que correspondan. Esa audiencia es la que traducirá la declaración de responsabilidad en consecuencias concretas.
Para los despachos que siguen casos de corrupción y delitos económicos, la etapa entre veredicto y lectura de sentencia es un periodo de intensa actividad: las partes pueden anticipar sus posiciones sobre la graduación de la pena, y los argumentos expuestos allí suelen anticipar también la estrategia de los recursos que puedan interponerse después. En un caso de la visibilidad del Milicogate, además, la pena impuesta tendrá un efecto simbólico que trasciende al propio condenado.
El significado institucional del caso
El comunicado del CDE subraya un punto que va más allá de lo procesal: la confianza pública en las instituciones. El caso Milicogate involucra el manejo de gastos reservados de una institución castrense, un tipo de fondo que por su naturaleza reservada exige estándares de control particularmente rigurosos, precisamente porque no se somete al mismo escrutinio público ordinario que otros gastos fiscales. El veredicto acredita que esos fondos fueron desviados de sus fines legales por los más altos mandos en ejercicio durante el periodo investigado, lo que explica la gravedad que tanto el tribunal como el querellante atribuyen a los hechos.
Para la comunidad jurídica, el caso ofrece además un ejemplo de la litigación de alta complejidad en materia de delitos económicos: un juicio oral extendido por varios meses, abundante prueba documental y testimonial, y la concurrencia de acusaciones del Ministerio Público y de un querellante institucional. La Unidad Especializada en Corrupción de Alta Complejidad y Comiso y la Unidad de Análisis Patrimonial y Triangulación Societaria del CDE -que el propio organismo menciona en su estructura- son precisamente el tipo de equipos técnicos que estos casos requieren.
Una agenda judicial que continúa
El caso no se cierra con la lectura de sentencia. La propia agenda informativa del CDE muestra que la persecución de la corrupción en el servicio público sigue abierta en varios frentes: el organismo informó en los últimos días la ampliación de su querella en el caso Fundamenta por los delitos de cohecho, soborno, prevaricación y lavado de activos, la participación de su Procuraduría Fiscal de Copiapó en un conversatorio sobre corrupción en el servicio público realizado en la Universidad de Atacama, y la primera condena dictada en Valdivia por delitos ambientales del Código Penal. El patrón es claro: la defensa del patrimonio fiscal se ha convertido en una línea de litigio permanente, y los despachos que asesoran a empresas proveedoras del Estado o a funcionarios públicos deberían seguirla de cerca.
Preguntas frecuentes
¿Quién condenó al general (r) Óscar Izurieta y por qué delito?
El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó un veredicto condenatorio unánime contra el excomandante en jefe del Ejército por el delito de lavado de activos, en el marco del caso Milicogate, según informó el Consejo de Defensa del Estado.
¿Qué hechos dio por acreditados el veredicto?
Que los gastos reservados asignados al Ejército fueron desviados de sus fines legales por los comandantes en jefe en ejercicio durante el periodo investigado -delito base de malversación de caudales públicos- y que esos fondos fueron luego utilizados por Izurieta en operaciones de lavado de dinero.
¿Cuándo se conocerá la pena?
La audiencia de lectura de sentencia quedó fijada para el 27 de noviembre de 2026, según el comunicado oficial del CDE.
Fuentes y límites
Esta nota se basa exclusivamente en el comunicado oficial del Consejo de Defensa del Estado del 6 de noviembre de 2026 (enlace). No se consultaron aún el texto del veredicto ni otras coberturas. Las explicaciones sobre la figura del querellante y la etapa de lectura de sentencia son marco editorial general, sin cita normativa específica. La cobertura se actualizará cuando se conozca la sentencia.
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Fuentes
- Fuente. Consultada el 8 de noviembre de 2026.
Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.
