La Corte Suprema pone límites al transporte gratuito municipal: el caso de El Monte
El reporte de Diario Constitucional explica cómo el fallo distingue entre el servicio de acercamiento social, permitido, y el transporte abierto a toda la población, que excede las atribuciones municipales.
Según informa Diario Constitucional el 5 de noviembre, la Corte Suprema acogió un recurso de amparo económico interpuesto por varias empresas de transporte contra la Municipalidad de El Monte y revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel que había rechazado la acción. El máximo tribunal ordenó al municipio restringir su servicio de buses gratuitos al traslado de estudiantes y organizaciones comunitarias de la comuna, al constatar que su operación como servicio abierto a toda la población, con recorridos coincidentes con los del transporte público regulado, vulnera la libertad económica protegida por el artículo 19 N.º 21 de la Constitución.
La sentencia reproducida en los documentos enlazados por ese medio es del 27 de octubre de 2026; la fecha del reporte no debe confundirse con la del fallo. Se trata de una decisión sobre un servicio y sus antecedentes concretos, no de una prohibición general de cualquier programa municipal de movilidad social.
Los hechos: buses eléctricos con recorridos fijos desde abril
Según el relato del fallo, desde abril de 2026 la Municipalidad de El Monte comenzó a operar buses eléctricos proporcionados por el Gobierno Regional Metropolitano, con horarios y recorridos fijos que conectaban sectores rurales de la comuna con su centro y con Talagante y Santiago. Las empresas recurrentes sostuvieron que esos trayectos se superponían con los servicios que ellas prestan conforme a las autorizaciones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mientras el municipio operaba sin cumplir las exigencias legales y reglamentarias aplicables ni contar con la autorización correspondiente. Por eso pidieron suspender los siete recorridos cuestionados.
La municipalidad defendió el programa como una iniciativa gratuita de conectividad e inclusión social, destinada principalmente a habitantes de sectores rurales, adultos mayores, estudiantes y personas con movilidad reducida; argumentó que no cobraba tarifas ni generaba ingresos, que se enmarcaba en sus funciones de asistencia social y transporte, y que no se había acreditado la superposición de recorridos ni un perjuicio efectivo.
De la Corte de San Miguel a la Corte Suprema
La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el amparo, al estimar que los antecedentes no permitían acreditar que los trayectos y horarios de los buses municipales coincidieran efectivamente con los autorizados a las empresas. En apelación, la Corte Suprema revisó el caso desde el marco regulatorio del transporte público de pasajeros, contenido en el Decreto Supremo N.º 212 de 1992 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Dos premisas ordenan el razonamiento. La primera: esa normativa comprende los servicios de transporte remunerado incluso cuando el pago que recibe el prestador no proviene directamente de los pasajeros, y exige la inscripción en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros como requisito indispensable para operar legalmente, junto con condiciones de seguridad, condiciones técnicas, recorridos y frecuencias. La segunda: el transporte público regulado se caracteriza por ofrecer un servicio de acceso general, normalmente mediante tarifa, bajo las condiciones fijadas por la autoridad competente.
Un punto fino: la gratuidad no descaracteriza el servicio
Uno de los aspectos técnicamente más interesantes del fallo es cómo resuelve el argumento central de la defensa municipal: que el servicio era gratuito y, por tanto, no podía competir con el transporte remunerado. La Corte recordó que el Decreto Supremo N.°212 comprende los servicios de transporte remunerado aun cuando el pago que recibe el prestador no provenga directamente de los pasajeros. En otras palabras, que el usuario no pague tarifa no basta para sacar el servicio de la órbita del transporte público: lo decisivo es su funcionamiento efectivo como servicio de acceso general, con horarios, puntos de parada y recorridos establecidos. La gratuidad para el pasajero, financiada con recursos públicos, no convierte en privado un servicio que en los hechos opera como público.
El criterio descrito para este caso
A partir de ese marco, la Corte sostuvo que las municipalidades no están facultadas para prestar servicios de transporte público remunerado y abiertos a toda la población, porque el desarrollo de una actividad empresarial de esa naturaleza requiere una ley de quórum calificado que lo autorice, conforme al artículo 19 N.º 21, inciso segundo, de la Constitución. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades les atribuye funciones vinculadas a la aplicación de las disposiciones sobre transporte y tránsito, pero siempre dentro de las competencias y condiciones del ordenamiento.
La aclaración práctica es igual de importante: la limitación no impide a los municipios proporcionar transporte privado gratuito para atender necesidades específicas de sus comunidades. Conforme a los artículos 1.º y 4.º, letras c) y h), de la ley orgánica municipal, pueden implementar servicios de acercamiento para grupos determinados -estudiantes, adultos mayores, personas vulnerables o con movilidad reducida- porque su finalidad social y su carácter no general los sacan del ámbito del transporte público.
Por qué El Monte cruzó la línea
El tribunal constató que, pese al diseño original del programa, los buses municipales realizaban recorridos semejantes o parcialmente coincidentes con los del transporte regulado, en particular en avenida Los Libertadores y en los trayectos hacia Talagante; que el servicio se ofrecía a todos los habitantes de la comuna, de lunes a viernes, con horarios y puntos de salida y llegada establecidos, incluidas conexiones con Santiago; y que, por tanto, había dejado de estar restringido a los grupos para los que fue concebido. Pese a su gratuidad, funcionaba en la práctica como un servicio de acceso general: esa extensión a la población general excedía las atribuciones municipales y vulneraba la libertad económica de los particulares frente a la intervención empresarial del Estado.
El fallo contó con la disidencia del ministro Astudillo, quien estuvo por rechazar la acción al considerar que el transporte gratuito municipal estaba legalmente justificado y que no se acreditó suficientemente que constituyera un servicio de acceso general ni una competencia desleal frente a los recorridos de las empresas recurrentes.
Qué deja para municipios y operadores
Para los gobiernos locales, el reporte invita a revisar cómo se define y controla el acceso a un programa de movilidad social, qué grupos son sus destinatarios y qué documentación acredita su finalidad. Para los operadores, el resultado muestra la relevancia de probar el funcionamiento efectivo del servicio, no solo de discutir si el pasajero paga. La discrepancia entre la mayoría y la disidencia recae precisamente en la suficiencia de esa prueba en este caso; no autoriza a dar por ilegales programas distintos sin examinar sus antecedentes.
No conviene confundir las vías: el caso referido corresponde a un amparo económico, no a una acción de protección ni a una tutela laboral. La orden reseñada ajusta los beneficiarios del servicio de El Monte; no equivale a una autorización general para suspender cualquier transporte social gratuito. El análisis de otros municipios exige leer sus actos, el diseño del programa y la normativa aplicable antes de trasladar el criterio.
Fuentes y límites
Este artículo parte del reporte de Diario Constitucional del 5 de noviembre de 2026. También se leyeron las copias íntegras de las resoluciones CS Rol 42.483-2026, de 27 de octubre, y CA San Miguel Rol 1.038-2026, de 23 de julio, enlazadas por ese medio. Las copias están en almacenamiento de un tercero, no en el dominio oficial del Poder Judicial. Incluyen códigos de verificación, pero no se ha autenticado aquí su firma ni cotejado el original en la sede judicial. El reporte y las copias respaldan la descripción atribuida; no se presentan como una descarga oficial verificada. Este artículo es informativo y no constituye asesoría legal.
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Fuentes
- Diario Constitucional, reporte y copias de terceros, no autenticadas. Consultada el 5 de noviembre de 2026.
Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.
