Inundación del Mapocho: condenan al Fisco, Costanera Norte y Sacyr a indemnizar daños de 2016
El tribunal determinó que la inundación de abril de 2016 no fue un fenómeno natural inevitable, sino que estuvo vinculada con las obras ejecutadas en el cauce del río y las deficiencias en su fiscalización.
El 22° Juzgado Civil de Santiago acogió parcialmente las demandas de indemnización de perjuicios presentadas por diversas compañías de seguros y una sociedad inmobiliaria contra la Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A., Sacyr Chile S.A. y el Fisco de Chile, por su responsabilidad en la inundación ocurrida el 17 de abril de 2016, que provocó graves daños en edificios, locales comerciales, hoteles y otras instalaciones de la capital, informó Diario Constitucional el 5 de noviembre de 2026. El fallo resolvió conjuntamente cuatro procesos judiciales y concluyó que la inundación no fue un fenómeno natural inevitable, sino un evento vinculado con la intervención artificial del cauce del río y las deficiencias en su fiscalización.
Cuatro juicios, una misma inundación
La sentencia resolvió de manera conjunta cuatro procesos iniciados ante distintos juzgados civiles de Santiago, en los que se discutió la responsabilidad de la concesionaria, la empresa constructora y el Estado por los daños provocados durante la ejecución de las obras. Las demandas fueron presentadas por Seguros Generales Suramericana (SURA), las compañías de seguros Penta y Liberty, Orión Seguros Generales y Torre A S.A., que reclamaron el pago de indemnizaciones por los perjuicios sufridos directamente o por las sumas que habían entregado a sus asegurados. El tribunal estableció que los tres demandados deberán pagar en forma simplemente conjunta y por partes iguales, correspondiendo a cada uno un tercio de las cantidades fijadas, y descartó así que debieran responder solidariamente por la totalidad de las obligaciones.
El origen: obras sobre el cauce del río
La controversia se originó durante la ejecución de trabajos destinados a mejorar la conectividad vial de Santiago, que incluían la construcción de túneles y conexiones entre la Autopista Costanera Norte y la avenida Costanera Sur, en el marco del Programa Santiago Centro-Oriente. Para desarrollar esas obras fue necesario intervenir temporalmente el cauce del río Mapocho mediante estructuras de desvío destinadas a conducir el agua mientras se realizaban los trabajos. Durante las lluvias registradas entre el 15 y el 18 de abril de 2016, el caudal del río aumentó considerablemente: el agua ingresó a sectores de las obras en construcción, se desplazó por los túneles y alcanzó áreas urbanas, provocando inundaciones en distintos puntos de Providencia y sus alrededores. El agua, el barro y los escombros afectaron estacionamientos subterráneos, edificios de oficinas, restaurantes, hoteles, instalaciones eléctricas, bodegas y locales comerciales, con importantes pérdidas materiales e interrupción de actividades económicas.
La cuestión central: fenómeno natural o daño evitable
Uno de los aspectos centrales de la sentencia fue determinar si el desastre correspondía a un fenómeno natural imprevisible o si pudo evitarse mediante medidas adecuadas de seguridad y prevención. El tribunal concluyó que los hechos correspondieron a una inundación vinculada con la intervención artificial del cauce y no simplemente a un desborde natural del río. Según el razonamiento del fallo, de no haberse ejecutado las intervenciones que alteraron las condiciones de escurrimiento del agua, el cauce natural habría podido soportar el caudal registrado. Por ello descartó que las precipitaciones, por sí solas, fueran suficientes para liberar de responsabilidad a quienes participaron en el desarrollo y la fiscalización de las obras, y fijó también la responsabilidad del Fisco por las deficiencias en la fiscalización del proyecto.
Un fallo con una nota tecnológica singular
El fallo también destaca por un detalle inusual en la judicatura chilena: el juez reconoció haber utilizado inteligencia artificial como herramienta de apoyo para elaborar la sentencia, según consignó Diario Constitucional. La declaración, hecha por el propio tribunal, se suma al debate abierto sobre el uso de estas herramientas en la función jurisdiccional y sobre las reglas de transparencia que deberían acompañarlo. La decisión judicial, en todo caso, permanece en manos del juez que firma, y es frente a su contenido -no frente a la herramienta usada para redactarlo- que las partes pueden ejercer los recursos que la ley les otorga.
Las posiciones en disputa
Las compañías demandantes sostuvieron que la concesionaria Costanera Norte tenía la obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenir el tipo de daño que finalmente se produjo, mientras que la defensa de los demandados planteó que las lluvias de abril de 2016 constituyeron un evento de magnitud excepcional que eximía de responsabilidad. El tribunal, al vincular la inundación con la intervención del cauce y no con el solo desborde natural, resolvió esa controversia central en contra de la tesis del caso fortuito, aunque acogió las demandas solo parcialmente, lo que indica que no todas las pretensiones o rubros reclamados fueron estimados. Las defensas fueron específicas: el Fisco sostuvo que la ejecución material de las obras y de las medidas preventivas correspondía a la concesionaria y a su contratista, que los organismos públicos se limitaban a autorizar y fiscalizar, que existían planes de contingencia aprobados y que, declarada la alerta meteorológica, eran las empresas las que debían ejecutar las medidas de protección para impedir el ingreso del agua a los túneles. Sacyr, por su parte, argumentó que actuó como contratista conforme a proyectos y planes autorizados por los organismos competentes, atribuyó el episodio a precipitaciones extraordinarias e invocó el régimen especial de concesiones, que a su juicio hacía responsable frente a terceros a la sociedad concesionaria. El tribunal rechazó esa lectura: estableció que la responsabilidad prevista para las concesionarias en el artículo 35 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas no excluye la responsabilidad civil de los demás participantes ni impide examinar la eventual falta de servicio de los organismos públicos.
La responsabilidad fiscal en la fiscalización de obras
La condena del Fisco merece una mención aparte: el tribunal le atribuyó responsabilidad por las deficiencias en la fiscalización de las obras, no por su ejecución material. La figura recuerda que la administración que encarga y fiscaliza obras públicas responde cuando el control deficiente contribuye al daño, una línea de casos con creciente relevancia en la infraestructura concesionada. Para el Estado, la condena refuerza el incentivo a profesionalizar la fiscalización técnica de los contratos de concesión; para los privados damnificados y sus aseguradoras, abre una vía de recupero contra el fisco que históricamente fue más difícil de hacer prosperar.
Qué sigue en el caso
La sentencia de primera instancia puede ser impugnada por las partes mediante los recursos que contempla la legislación procesal civil, por lo que los montos definitivos y la propia responsabilidad declarada quedarán sometidos a la revisión de los tribunales superiores si se interponen los recursos correspondientes. Los montos específicos de las indemnizaciones fijadas no constan en la nota periodística capturada, que los describe como millonarios. Para las compañías aseguradoras demandantes, el fallo representa el reconocimiento judicial de la responsabilidad que sustenta sus acciones de recupero; para los demandados, la condena por tercios -y no solidaria- delimita la exposición de cada uno.
Preguntas frecuentes
¿Qué resolvió el 22° Juzgado Civil de Santiago sobre la inundación del río Mapocho de 2016?
Acogió parcialmente cuatro demandas de indemnización de perjuicios contra la Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A., Sacyr Chile S.A. y el Fisco de Chile, determinando que la inundación estuvo vinculada con las obras ejecutadas en el cauce y con deficiencias de fiscalización, y ordenó pagos por partes iguales entre los tres responsables.
¿Por qué el tribunal descartó que fuera un fenómeno natural?
Porque estimó que, de no haberse ejecutado las intervenciones que alteraron el escurrimiento del agua, el cauce natural del río habría podido soportar el caudal registrado entre el 15 y el 18 de abril de 2016, de modo que las lluvias por sí solas no liberaban de responsabilidad a quienes desarrollaron y fiscalizaron las obras.
¿Los demandados responden solidariamente por las indemnizaciones?
No: el tribunal ordenó el pago en forma simplemente conjunta y por partes iguales, de modo que cada demandado responde por un tercio de las cantidades fijadas.
Fuentes y límites
- Diario Constitucional (Chile): Justicia condena al Fisco, Costanera Norte y Sacyr a indemnizar millonarios daños por inundación del río Mapocho, publicado el 5 de noviembre de 2026 y capturado el 7 de noviembre de 2026. La nota no consigna los montos específicos de las indemnizaciones ni el rol de la causa; las descripciones del fallo corresponden al resumen periodístico. Información, no asesoramiento jurídico.
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Fuentes
- Fuente. Consultada el 7 de noviembre de 2026.
Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.
