Corte Suprema aprueba la primera política de inteligencia artificial del Poder Judicial de Chile
El pleno de la Corte cerró sus jornadas de reflexión con una decisión histórica: el Poder Judicial tendrá por primera vez una política institucional sobre el uso de la inteligencia artificial.

La Corte Suprema aprobó la primera política de uso de inteligencia artificial del Poder Judicial de Chile. La decisión fue adoptada por el pleno del máximo tribunal al término de sus jornadas de reflexión, cerradas el viernes 23 de octubre con un debate sobre inteligencia artificial, y el documento completo se hará público en los próximos días, según informó la prensa nacional.
Se trata de un hito institucional: hasta ahora, el uso de herramientas de IA por parte de jueces, fiscales y funcionarios judiciales se movía en un espacio sin reglas escritas de carácter general. La política aprobada viene a llenar ese vacío y marca el paso de la recomendación informal a la norma interna explícita.
Qué se sabe hasta ahora
La información disponible al cierre de esta edición confirma cuatro puntos:
- El pleno de la Corte Suprema aprobó la política al concluir sus jornadas de reflexión, en las que se abordaron los efectos técnicos y éticos de estas tecnologías en la función jurisdiccional.
- Es la primera política institucional del Poder Judicial chileno sobre el uso de IA.
- El texto completo se hará público en los próximos días, por lo que el detalle de sus reglas concretas aún no es de acceso público.
- La decisión ocurre en un contexto de debate abierto: a comienzos de octubre, la Corte de Apelaciones de Santiago rectificó un fallo en el que se había utilizado IA, un episodio que puso el tema en el centro de la conversación pública sobre justicia y tecnología.
El contexto previo lo hemos seguido en esta sección: las directrices de la Corte Suprema sobre Copilot y la cobertura de las jornadas de reflexión sobre IA de la Corte Suprema documentan el camino hasta esta aprobación.
Por qué es un antes y un después
Una política institucional tiene efectos que una guía o una recomendación no tienen: fija estándares exigibles, define responsabilidades y crea un punto de referencia para la fiscalización interna. Para los litigantes, la existencia de una política formal abre además una línea argumental concreta: el uso de IA por parte de un tribunal podrá evaluarse contra reglas escritas, no contra intuiciones.
La experiencia comparada muestra que la primera política nunca es la definitiva: los documentos iniciales suelen actualizarse rápido a medida que aparecen los casos de borde. Lo que no se revierte es el precedente de que la IA en la función jurisdiccional es materia de regulación institucional, no de criterio individual.
Qué vigilar en los próximos días
Tres cosas definirán el alcance real de la decisión: el texto completo de la política, cuando se publique; las reglas sobre supervisión humana y trazabilidad de los usos de IA; y la eventual extensión de la política a los sistemas ya en operación, como la transcripción automática de audiencias, cuya evolución reciente cubrimos en Themis y la transcripción automática en el Poder Judicial.
Preguntas frecuentes
¿Ya se puede consultar el texto de la política de IA?
Al cierre de esta edición, la Corte Suprema había anunciado la aprobación y que el documento se haría público en los próximos días; el texto íntegro aún no estaba disponible.
¿A quién aplica la política?
A los órganos del Poder Judicial de Chile; el detalle de su ámbito subjetivo y material se conocerá con la publicación del texto.
¿Qué relación tiene con el fallo rectificado por uso de IA en octubre?
Ese episodio, en que la Corte de Apelaciones de Santiago rectificó una resolución donde se había utilizado IA, forma parte del contexto de debate que antecedió a las jornadas de reflexión y a la aprobación de la política.
¿Es la primera política de IA de un poder judicial en la región?
Varios poderes judiciales latinoamericanos han emitido guías o lineamientos; lo distintivo del caso chileno es la aprobación formal por el pleno de la Corte Suprema como política institucional.
Qué significa para los estudios jurídicos
Aunque la política regula al órgano jurisdiccional, su efecto de referencia será inmediato sobre la práctica privada: fija el estándar público contra el que se medirá el uso de IA por litigantes y estudios. Los equipos que ya documentan su uso supervisado llegarán a ese estándar con la tarea hecha; los que no, deberían partir por la guía de qué está permitido en el uso de IA en la justicia chilena y por su propia política interna.
¿Dónde se publicará el texto cuando esté disponible?
Los documentos institucionales de esta naturaleza se difunden habitualmente por los canales oficiales del Poder Judicial; recomendamos seguir el portal institucional y las comunicaciones de la Corte Suprema en los próximos días.
¿La política cambia algo para los abogados que litigan?
Indirectamente, sí: el estándar público que fije para sus operadores será la referencia natural para evaluar el uso de IA de todos los que intervienen en el proceso, y conviene que la práctica del estudio esté documentada antes de que esa conversación llegue a la sala.
Fuentes y límites
Esta nota se basa en la información publicada por T13 y ADN el 26 de octubre de 2026 (URLs citadas en el encabezado, consultadas el 28 de octubre de 2026). El texto íntegro de la política no estaba disponible públicamente al cierre de esta edición; los alcances específicos deberán verificarse contra el documento oficial cuando se publique. Información, no asesoramiento jurídico.


