Los jueces de las licencias y la CIDH: la crisis que medirá al nuevo sistema disciplinario

Los 18 jueces removidos por la Corte Suprema por viajar al extranjero con licencia médica ya preparan su defensa: recursos de reposición y, después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según reportó Radio Universidad de Chile citando a La Tercera, entre los afectados está el magistrado Daniel Urrutia, y la estrategia contempla un litigio que ellos mismos calculan en hasta una década. El episodio merece análisis porque lo que se decide aquí no es solo el destino de 18 carreras: es la credibilidad del nuevo sistema disciplinario judicial.

Los hechos conocidos

La información pública es paradójicamente escasa para la gravedad de la medida. Hasta ahora se conoce un veredicto comunicado por la presidenta Gloria Ana Chevesich: la cantidad de remociones aprobadas y si fueron por mayoría o unanimidad, sin identidades y con fallos aún no redactados. El hecho imputado, en términos generales: viajar al extranjero mientras se estaba acogido a licencia médica.

Los jueces expulsados preparan dos líneas argumentales, según el reporte: la afectación del debido proceso -cuestionamiento que ha compartido el gremio y la relatora especial de Naciones Unidas sobre independencia de magistrados, Margaret Satterthwaite- y la ausencia de un criterio claro para determinar cuándo el viaje con licencia amerita expulsión y cuándo no.

La vara de medir importa

En esa segunda línea está el punto de fondo. Un sistema disciplinario que sanciona con la máxima pena -la remoción- debe ofrecer previsibilidad: reglas claras sobre qué conductas la ameritan y un trato igual para casos iguales. Si cada expediente se resolvió con criterios distintos, o con criterios que los afectados no podían anticipar, el problema ya no es de 18 jueces sino de arquitectura.

La gravedad de la conducta imputada no elimina esa exigencia: la confirma. Precisamente porque la remoción es irreparable en términos de carrera y reputación, el procedimiento que la conduce debe ser ejemplar en su claridad, no improvisado en su discrecionalidad.

El precedente interamericano

El reporte identifica el norte de la estrategia: el caso López Lone y otros contra Honduras, sentencia de la Corte IDH de 2015. Allí, jueces removidos por participar en manifestaciones contra el golpe de Estado de 2009 obtuvieron un fallo favorable con orden de reintegro y medidas reparatorias.

El contexto es distinto -expresión política allá, uso de licencias acá-, pero el principio invocable es el que interesa: la destitución de jueces sometida a estándares internacionales de debido proceso, proporcionalidad e independencia judicial. Si el caso chileno llega a San José, la Corte Interamericana no juzgará si viajar con licencia es grave, sino si el procedimiento y la sanción cumplieron esos estándares.

El riesgo institucional de ambos lados

La Corte Suprema enfrenta su propio dilema. El nuevo sistema disciplinario nació con el mandato público de restaurar la confianza tras años de escándalos; actuar contra abusos de licencias era parte esperable de ese mandato. Pero la forma en que actúe definirá si la ciudadanía ve control o vendetta, y si sus pares ven justicia o purga.

Los jueces removidos enfrentan el dilema inverso: litigar una década en el sistema interamericano conlleva el costo de seguir siendo, durante esa década, los jueces de las licencias. Y el gremio judicial completo observa con atención un precedente que afectará la relación entre la cúpula y la base de la judicatura por años.

Una pregunta que nadie puede eludir

Detrás del caso individual hay una pregunta sistémica: ¿cómo llegaron tantos magistrados a usar licencias médicas de un modo que la propia Corte consideró expulsorio? La respuesta incómoda apunta a décadas de tolerancia institucional a prácticas normalizadas que nadie fiscalizó. Cambiar esa cultura con sanciones ejemplares es una vía legítima; hacerlo sin debido proceso es contradecir en el método lo que se predica en el fin.

El país necesita una judicatura probada en ambas dimensiones: rigurosa con el abuso e impecable con el procedimiento. Este caso dirá si es capaz de las dos cosas a la vez.

Lo que observar

Tres hitos ordenarán la película: los fallos redactados y su fundamentación, los recursos de reposición y su resultado, y la eventual petición ante la Comisión Interamericana. Si el caso prospera en Washington y luego en San José, la discusión sobre la remoción de jueces en Chile dejará de ser nacional para siempre.

El silencio de los fallos como problema propio

Un detalle del episodio merece subrayado: la medida más grave que puede adoptarse contra un juez se comunicó, en un primer momento, sin identidades y sin fundamentos escritos. La institución tenía razones -protección de datos personales, fallos en redacción-, pero el efecto público fue el peor posible: una purga sin rostro ni razones conocidas. La credibilidad disciplinaria se construye con transparencia fundada; el misterio alimenta todas las sospechas, las fundadas y las otras.

La CIDH como espejo

Que el caso pueda terminar en el sistema interamericano tiene una ironía productiva: sometería el nuevo disciplinario judicial chileno al estándar internacional que Chile mismo ayudó a construir. Si el procedimiento fue impecable, el examen externo lo confirmará y lo blindará; si tuvo fallas, el examen las corregirá. En ambos escenarios, la institución gana lo que hoy más necesita: legitimidad verificada por terceros.

La lección para las licencias

Hay una política pública concreta esperando en los escombros de este caso: el sistema de licencias médicas de la judicatura -su control, su fiscalización, sus incentivos- necesita una reforma que el escándalo haga posible. Si la única herencia del episodio son 18 destituciones, la oportunidad se habrá desperdiciado: el próximo abuso encontrará el mismo sistema que lo permitió. La herencia útil sería un régimen de control moderno, previo y confiable, que haga innecesarias las purgas posteriores.

Lo que el país aprende mirando

El público que observa el caso sacará sus propias conclusiones, y la salud del sistema depende de que sean las correctas: que los jueces no son intocables y también que los jueces tienen derechos. Ambas verdades son incómodas para alguien -para el gremio la primera, para la cúpula la segunda-, y sostenerlas juntas es el equilibrio que el nuevo sistema disciplinario existe para demostrar. Este caso es su examen de ingreso ante la ciudadanía.

Coda

Diez años es la estimación que los propios afectados manejan para su litigio. En ese horizonte, el caso dejará de ser noticia y se convertirá en referencia: la de cómo el Chile institucional procesó su primera gran crisis disciplinaria judicial. Vale la pena que la referencia sea buena.

Preguntas frecuentes

¿Por qué fueron removidos los 18 jueces?

Por viajar al extranjero mientras estaban acogidos a licencia médica, según la información comunicada por la Corte Suprema, que aún no publica los fallos redactados.

¿Qué van a hacer los jueces ahora?

Preparan recursos de reposición ante la propia Corte y, posteriormente, una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un proceso que estiman puede durar hasta una década.

¿Qué precedente internacional invocarían?

El caso López Lone y otros contra Honduras (Corte IDH, 2015), donde jueces removidos obtuvieron fallo favorable con orden de reintegro.

¿Quién ha cuestionado el procedimiento?

El gremio de jueces y la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, han reprochado la eventual afectación al debido proceso.

Fuentes y límites

Columna de opinión basada en el reportaje citado. Los fallos no han sido publicados; la versión de los afectados corresponde al reporte periodístico. Los juicios son del análisis editorial. Información, no asesoramiento jurídico.