El ICAB dedica una jornada al blanqueo de capitales y los criptoactivos
El Colegio de la Abogacía de Barcelona acogió una jornada sobre blanqueo de capitales y criptoactivos, con la decana, fiscales y un vocal del CGPJ.

Ficha del evento
- Evento
- Taller práctico de Defensa de la Abogacía: Diálogo entre los tribunales de instancia y la abogacía
- Fecha
- Martes, 27 de octubre de 2026
- Horario
- Pendiente de publicar por la organización
- Lugar
- Salón de Actos del ICAM, calle Serrano, 9, primera planta, Madrid
- Modalidad
- Presencial
- Precio
- Gratuito
- Organiza
- Departamento de Defensa de la Abogacía del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM)
- Web oficial
- web.icam.es/events/taller-practico-de-defensa-de-la-abogacia-dialogo-entre-los-tribunales-de-instancia-y-la-abogacia
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) acogió ayer, 16 de noviembre de 2026, una jornada jurídica dedicada al blanqueo de capitales y a los criptoactivos, según la nota publicada por el propio colegio, que la describe como "una sesión formativa y de análisis sobre la materia". La sesión combinó análisis penal y de prevención, y reunió a responsables institucionales, fiscales y abogados en ejercicio. Este texto resume lo que el ICAB comunica sobre la jornada; no es una crónica con asistencia propia ni consta que haya grabación disponible.
Quiénes participaron
La inauguración corrió a cargo de la decana del ICAB, Cristina Vallejo, junto a José Antonio Montero, vocal del Consejo General del Poder Judicial; Neus Pujal, fiscal jefe provincial de Barcelona, y Juan Carlos Fernández-Cernuda, director general de la firma asesora KLJCFC. La nota no precisa el número de asistentes ni el formato de la sesión.
La jornada se celebró en la sede del colegio, en la calle Mallorca de Barcelona. En su intervención, la decana se refirió a una Orden de 16 de octubre de 2026 que, según su relato, crea el Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales y reserva expresamente una de sus vocalías a la abogacía. "Contaremos con una voz propia en este nuevo espacio de colaboración entre las autoridades y los sectores profesionales", señaló, en palabras recogidas por la nota. La decana afirmó también que la abogacía no debe contemplarse únicamente desde las obligaciones que asume, porque también tiene conocimiento, experiencia y criterio que aportar al diseño y a la mejora del sistema de prevención. Son declaraciones atribuidas a la decana en la nota del colegio: esta pieza no ha cotejado la Orden citada contra su texto oficial, por lo que su contenido se reproduce solo como declaración.
Primera mesa: autoblanqueo, prueba y medidas cautelares
La primera mesa redonda se centró, según la nota, en el autoblanqueo, las dificultades en la prueba del delito de blanqueo de capitales y las medidas cautelares como el decomiso y la ocultación de ganancias. Intervino como ponente el vicedecano del ICAB, Jorge Navarro, que compartió debate y análisis con expertos del ámbito judicial, y la sesión fue presentada y moderada por Mariana Ladaga, vocal de la Sección de Compliance del colegio.
De las intervenciones, la nota recoge una reivindicación concreta de Navarro: que el abogado del investigado debe poder participar en el momento de la aprehensión de los bienes en el registro domiciliario, con posibilidad de hacer manifestaciones y alegaciones relativas a la improcedencia de esa aprehensión. Es una posición profesional expresada en el debate, y la nota no indica que se haya anunciado cambio normativo alguno en ese sentido.
Segunda mesa: ciberdelincuencia y tratamiento penal
La segunda mesa se enfocó, según la nota, en los nuevos delitos vinculados a la ciberdelincuencia y la evolución de su tratamiento penal. La nota del ICAB no desarrolla ponentes ni conclusiones de esta segunda parte, por lo que este resumen no puede atribuirle contenidos concretos. La inclusión de los criptoactivos en el título de la jornada encaja con esa segunda línea, aunque la nota no ofrece datos, cifras ni casos sobre esa materia.
Los deberes del despacho como sujeto obligado
La jornada se celebra en un ámbito en el que los despachos tienen obligaciones propias. El artículo 2.1.ñ de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, incluye como sujetos obligados a "los abogados, procuradores u otros profesionales independientes" cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a: la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales; la gestión de fondos, valores u otros activos; la apertura o gestión de cuentas corrientes, de ahorro o de valores; la organización de aportaciones para la creación, funcionamiento o gestión de empresas; o la creación, funcionamiento o gestión de fideicomisos (trusts), sociedades o estructuras análogas. También cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria. El precepto circunscribe la sujeción a esas operaciones enumeradas y a la actuación por cuenta de clientes en operaciones financieras o inmobiliarias.
En los casos incluidos, la ley impone los deberes de diligencia debida de sus artículos 3 a 6 (identificación formal, identificación del titular real, propósito e índole de la relación de negocios y seguimiento continuo), el examen especial del artículo 17 y la comunicación por indicio del artículo 18, por la que los sujetos obligados comunican por iniciativa propia al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto del que, tras ese examen especial, exista indicio o certeza de relación con el blanqueo o la financiación del terrorismo.
El artículo 22 de la misma ley delimita esos deberes para la abogacía: los abogados no están sometidos a las obligaciones de los artículos 7.3, 18 y 21 respecto de la información que reciban de un cliente u obtengan sobre él al determinar su posición jurídica o al desempeñar su defensa en procesos judiciales o en relación con ellos, incluido el asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, con independencia de cuándo la recibieran. El mismo precepto añade que los abogados guardan, en todo caso, el deber de secreto profesional conforme a la legislación vigente.
El artículo 17 concreta cómo se examina: los sujetos obligados examinan con especial atención cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, que por su naturaleza pueda estar relacionado con el blanqueo o la financiación del terrorismo, y deben reseñar por escrito los resultados del examen; en particular, toda operación o pauta de comportamiento compleja, inusual o sin un propósito económico o lícito aparente, o que presente indicios de simulación o fraude. Y el artículo 24 prohíbe a los sujetos obligados y a sus directivos o empleados revelar al cliente o a terceros que se ha comunicado información al Servicio Ejecutivo o que una operación está siendo o puede ser examinada, con excepciones como la revelación a las autoridades competentes o la comunicación intragrupo, sujeta a los requisitos territoriales y de cumplimiento del propio artículo 24.2. El artículo 24.3 aclara además que intentar disuadir a un cliente de una actividad ilegal no constituye revelación. Estas reglas deben leerse con la no sujeción y el secreto profesional del artículo 22, no como una obligación de comunicar cualquier información recibida al determinar la posición jurídica del cliente o ejercer su defensa.
Para el letrado, la lectura práctica es que la prevención del blanqueo condiciona la admisión de encargos, la relación con el cliente y la organización interna del despacho, y no es un asunto exclusivo de los departamentos de cumplimiento de las grandes firmas.
Quien necesite profundizar tiene en esta misma web una guía sobre prevención del blanqueo y Ley 10/2010 para despachos, el análisis de las reglas europeas contra el blanqueo: RD 813/2026, AMLA y GAFI y el concepto de blanqueo de capitales en el diccionario jurídico. Son piezas independientes de la jornada: aportan contexto, no el contenido de las ponencias.
Fechas y fuentes
La jornada se celebró el 16 de noviembre de 2026 en la sede del ICAB y la nota del colegio se publicó el mismo día, la víspera de esta edición. La fuente principal es la propia comunicación del ICAB, parte organizadora del evento. La referencia a la Ley 10/2010 corresponde a su texto consolidado en el BOE y se cita como marco general; la Orden de 16 de octubre de 2026 mencionada por la decana se reproduce solo como declaración atribuida, sin cotejo contra su texto oficial en esta pieza.