El algoritmo que reparte la justicia

La noticia pasó casi de puntillas en un octubre judicialmente cargado en México: la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituyó el reparto manual de expedientes entre sus ponencias por un algoritmo con reglas uniformes, según informó El Heraldo de México. Merece más atención, porque el reparto es una de las piezas más sensibles -y menos observadas- de la arquitectura de la justicia.

Todo litigante sabe que la identidad del ponente puede inclinar una controversia antes de la primera sesión. Por eso, quien controla el turno controla una parte real del poder jurisdiccional. Cuando ese control se ejerce de forma discrecional, aunque sea con las mejores intenciones, el sistema queda expuesto a la sospecha.

Lo que el diseño revela

El sistema descrito tiene virtudes de diseño que conviene subrayar. La regla general es la aleatoriedad, que es la forma más simple de neutralizar la manipulación. Las excepciones no son discrecionales sino tipificadas por materia: las atracciones y reasunciones se turnan entre quienes formaron la mayoría que las aprobó, y los proyectos rechazados se reasignan entre quienes votaron en contra. El algoritmo excluye por sí mismo a los ministros con impedimentos registrados. Y -clave- el Pleno conserva la facultad de turnar directamente cualquier asunto en sesión: la máquina gestiona, pero no gobierna.

Ese último punto es el que distingue a la automatización que protege de la que degrada. El problema nunca ha sido la tecnología en sí, sino la opacidad, venga de un código o de una oficina. Un algoritmo con reglas conocidas y verificables es más transparente que un procedimiento manual sin registro público de sus criterios.

La tarea pendiente

Para que el cambio cumpla su promesa hace falta lo que todavía no se ve: un documento técnico público que fije las reglas del sistema, los criterios de la catalogación de expedientes relacionados -que no entran al sorteo- y un mecanismo de auditoría. La confianza no se decreta: se documenta.

México debate en paralelo una iniciativa de Ley General de Inteligencia Artificial en el Senado. La experiencia de la Corte ofrece una lección útil para ese debate: la pregunta correcta no es si el Estado debe usar algoritmos, sino bajo qué reglas publicadas, con qué excepciones y con qué control humano final. La sección de IA jurídica de México seguirá de cerca ambos procesos.

El precedente que se está escribiendo

Si el sistema funciona como se describe, México tendrá un caso de uso exportable: un tribunal máximo que automatiza su gobierno interno sin renunciar al control colegiado. Si falla -por reglas mal documentadas o por excepciones que se multipliquen en la práctica- el daño a la confianza será mayor que el del reparto manual. La diferencia entre ambos destinos está en la transparencia que la Corte decida darle al sistema en los próximos meses.

Esta redacción seguirá el tema en la sección de opinión de México. México no está solo en esta discusión. Tribunales de medio mundo ensayan sistemas de reparto automatizado con el mismo objetivo: cerrar la puerta a la asignación a la carta de los asuntos. La experiencia comparada enseña que el éxito no depende de la sofisticación del algoritmo sino de tres condiciones humildes: reglas escritas y públicas, un registro auditable de cada asignación y una revisión periódica de las excepciones, que es donde los sistemas de este tipo suelen degradarse. La Corte tiene la oportunidad de cumplir las tres desde el inicio y de documentarlas en un acuerdo general que trascienda a la nota periodística.

Fuentes y límites

Este editorial se basa en la información de El Heraldo de México del 16 de octubre de 2026, consultada el 20 de octubre de 2026. Las valoraciones son de esta redacción. Información, no asesoramiento jurídico.