El TJUE: la supuesta desproporción de la pena no basta, por sí sola, para denegar la ejecución de una euroorden (C-583/24, Tagu)
Asunto C-583/24 (Tagu): la supuesta desproporción de una pena de siete años por importar pequeñas cantidades de drogas no basta para denegar una euroorden.
¿Puede un juez negarse a entregar a una persona reclamada por otro Estado miembro porque la pena impuesta le parece desproporcionada? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha respondido con claridad en su sentencia de 3 de noviembre de 2026, asunto C-583/24 (Tagu): no, al menos no por esa sola razón. La supuesta desproporción entre la pena y la gravedad del delito no basta, por sí misma, para justificar la denegación de la ejecución de una orden de detención europea.
El caso llega desde Ámsterdam y tiene unos hechos llamativos. En diciembre de 2023, DZ fue condenado por sentencia firme en Rumanía a siete años de prisión por importar al país tres gramos de cannabis y cuatro pastillas con MDMA. En enero de 2024, un tribunal rumano dictó una euroorden para que cumpliera la pena en Rumanía. Ante el tribunal de Ámsterdam que debía decidir su entrega, DZ se opuso alegando la desproporción de la condena: las drogas, sostuvo, estaban destinadas al consumo personal de su esposa, que las utilizaba como analgésico. El juez neerlandés constató que un delito análogo se castigaría en los Países Bajos con entre una y tres semanas de prisión, frente a los siete años rumanos, y que la ley rumana imponía en el momento de los hechos una pena mínima de siete años para la importación de drogas «de alto riesgo» como la MDMA, con escaso margen para ponderar la escasa cantidad o la ausencia de ánimo de tráfico, y sin posibilidad de suspensión de la pena.
La confianza mutua como regla, la denegación como excepción
El razonamiento del Tribunal de Justicia parte de los principios de confianza y reconocimiento mutuos entre los Estados miembros, pilares del espacio de libertad, seguridad y justicia. Salvo circunstancias excepcionales, cada Estado debe presumir que los demás respetan el Derecho de la Unión y los derechos fundamentales, de modo que la ejecución de la euroorden es la regla y su denegación, la excepción. El posible carácter desproporcionado de la pena no figura, como tal, entre los motivos de no ejecución previstos expresamente por el legislador de la Unión.
La jurisprudencia sí admite que, en circunstancias excepcionales, la autoridad judicial de ejecución pueda —e incluso deba— negarse a dar curso a una euroorden cuando exista un riesgo real de vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada. Pero ese riesgo debe analizarse en dos fases sucesivas. Primero, la autoridad de ejecución necesita elementos objetivos, fiables, precisos y actualizados que revelen en el Estado emisor deficiencias sistémicas o generalizadas, o que afecten a un grupo de personas objetivamente identificable. Solo superado ese primer examen podrá, en segundo lugar, comprobar de forma concreta si la persona buscada corre realmente ese riesgo atendiendo a su situación personal.
Cuándo una normativa penal sí revela una deficiencia
La clave de la sentencia está en el primer escalón. Las disparidades, incluso importantes, entre las penas previstas en las legislaciones nacionales no bastan para demostrar deficiencias sistémicas: a falta de armonización penal completa, las opciones de política criminal de los Estados pueden divergir significativamente. Permitir que la autoridad de ejecución controle la proporcionalidad de una pena porque en su ordenamiento habría sido más benigna equivaldría a darle una función general de control sobre las resoluciones penales de otros Estados miembros, contraria a la confianza mutua.
Solo cabrá apreciar deficiencias, razona el Tribunal, cuando la normativa o la práctica jurisprudencial del Estado emisor revele una violación manifiesta y grave del principio de proporcionalidad de las penas que no pueda subsanarse mediante un recurso judicial efectivo. Eso ocurriría, en particular, si la norma permitiera o impusiera penas tan desproporcionadas que equivalieran a penas inhumanas o degradantes en el sentido del Derecho de la Unión, o si no permitiera al juez tener en cuenta la gravedad del delito ni las circunstancias individuales para adecuar la pena.
La ley rumana supera el test
Aplicado al caso, el Tribunal de Justicia constata que la pena mínima de siete años prevista por la ley rumana para la importación de drogas de alto riesgo no puede considerarse, en sí misma, inhumana o degradante. Además, el Derecho rumano permite la individualización de la pena: el juez puede valorar la finalidad del delito, la cantidad de droga y las circunstancias atenuantes o particulares y, en determinadas situaciones, modificar la calificación del delito con reducción de la pena. Y DZ pudo impugnar su condena en apelación y en casación. Conclusión: la normativa rumana no presenta deficiencias que justifiquen la denegación, y corresponderá al tribunal neerlandés resolver el litigio conforme a esta interpretación, que vincula también a los demás jueces nacionales ante problemas similares.
El marco: una euroorden pensada para ejecutarse
La orden de detención europea, creada por la Decisión Marco 2002/584/JAI para sustituir a la extradición tradicional entre Estados miembros, descansa sobre una idea exigente: las resoluciones penales de un Estado se reconocen y ejecutan en los demás con un control mínimo. El legislador de la Unión cerró la lista de motivos de denegación y la desproporción de la pena no está entre ellos, como subraya la sentencia. La puerta que la jurisprudencia ha mantenido abierta es la de los derechos fundamentales, pero con un listón deliberadamente alto: la denegación exige primero deficiencias sistémicas, generalizadas o de grupo en el Estado emisor, y solo después un riesgo personal y concreto para el reclamado.
La sentencia Tagu encaja esa puerta en el terreno penal sustantivo. Si ni siquiera la comparación entre siete años en Rumanía y unas semanas en los Países Bajos por un mismo tipo de conducta habilita al juez de ejecución a negar la entrega, el mensaje para los operadores es que la revisión de la proporcionalidad corresponde al ordenamiento emisor —a sus jueces y a sus recursos— y no al juez del Estado de ejecución. La confianza mutua sale reforzada precisamente en uno de los puntos donde más tensiona: la divergencia de las políticas penales nacionales.
Lectura práctica para la defensa penal transfronteriza
La sentencia deja a los penalistas con práctica en cooperación judicial una lección táctica: la vía de la desproporción «comparada» —en mi país este delito se castigaría con semanas— queda prácticamente clausurada como argumento autónomo contra la entrega. La línea defensiva útil pasa por la estructura en dos fases: acreditar primero deficiencias sistémicas o de grupo en el Estado emisor, con elementos objetivos y actualizados, y solo después el riesgo personal del reclamado. También subraya el peso de los recursos internos: que el ordenamiento emisor ofrezca vías efectivas para modular o revisar la pena refuerza la presunción de confianza.
En nuestra sección de procesos pueden seguirse otros pronunciamientos europeos recientes, como la validación de las ayudas a KLM y Condor frente a Ryanair o la sentencia sobre envases de detergentes confundibles con alimentos, así como la doctrina del Supremo sobre indefensión digital por fallos informáticos en la prueba penal.
Fuentes
Fuentes
Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.
