El TSJ de Canarias reconoce que el permiso retribuido para ir al médico puede justificarse con un certificado privado

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, ha estimado la demanda de conflicto colectivo que la Coordinadora Estatal del Sector de Handling y Aéreo (CESHA) presentó contra Atlántica de Handling SLU y declara el derecho de la plantilla a justificar el permiso retribuido por consulta médica con un certificado de un profesional de la medicina, tanto si pertenece al Servicio Canario de la Salud como si ejerce en el sector privado. La sentencia, de 22 de octubre de 2026 y con la magistrada Gloria Poyatos Matas como ponente, afecta a unas 500 personas que trabajan para la compañía en las Islas.

El litigio se centraba en el artículo 53.13 del IV Convenio colectivo de la empresa, publicado en el BOC el 2 de abril de 2025, que regula el permiso para acudir al médico. Según ese precepto, la persona trabajadora debe preavisar «con la máxima antelación posible» y aportar un justificante «en el que conste la fecha de expedición del justificante, la hora de inicio y de fin de la consulta médica», con una duración del permiso de «dos horas, o el tiempo efectivo que certifique el facultativo». La empresa sostenía que el permiso solo cubría las consultas del sistema público de salud, porque admitir la medicina privada «podría usarse abusivamente». Los sindicatos CCOO y UGT, también demandados, se allanaron a la petición del sindicato actor.

Interés actual: el conflicto seguía vivo

Antes de entrar en el fondo, la Sala rechazó la excepción de falta de interés actual planteada por la compañía. La empresa alegaba que el único conflicto previo era una sentencia de un juzgado de lo social de Santa Cruz de Tenerife de 2013, que la condenó a pagar 47,99 euros a un trabajador al que descontó el tiempo de ausencia por justificar una consulta con un médico privado. El tribunal responde que ese derecho no solo se negó entonces, sino que «es también negado por iguales razones en el momento actual», como muestra la propia contestación de la empresa a la demanda, de modo que existe «un interés real, directo y actual» de la plantilla.

El fondo: «médico» y «facultativo» no significan «público»

En el fondo, la sentencia interpreta el artículo con varios criterios acumulativos. Desde la literalidad, el convenio habla de «justificante médico», «médico» o «facultativo», términos que, «sin perjuicio del reproche que pueda hacerse por la ausencia del lenguaje inclusivo», no exigen de manera expresa que el profesional pertenezca al sistema público de asistencia sanitaria. Tras consultar el Diccionario de la Real Academia Española, la Sala concluye que «ningún condicionante expreso se preceptúa en su regulación literal», de modo que queda incluida «cualquier persona facultativa de la medicina sea del sector público o del sector privado».

Desde la finalidad, el tribunal subraya que quienes negociaron el convenio quisieron regular un permiso retribuido para acudir a consulta por razones de salud, un derecho protegido por el artículo 43 de la Constitución. A su juicio, «el hecho de no prestar servicios en el sistema público de salud no incide en las capacidades profesionales de la persona facultativa», que puede igualmente «atender, diagnosticar, prescribir medicación o, en su caso tratamiento», por lo que la finalidad del permiso «queda igualmente colmada con persona facultativa pública o privada. No hay diferencia práctica».

La perspectiva de género como mandato imperativo

La sentencia incorpora de forma expresa la perspectiva de género como criterio de interpretación. Con datos de la Encuesta de Salud de España 2023, del INE y el Ministerio de Sanidad, la Sala constata que las mujeres acuden a la consulta médica más que los hombres: un 31,3 por ciento de ellas frente a un 23,6 por ciento de ellos en el periodo analizado, con una diferencia que sube hasta los 10 puntos en la franja de 35 a 44 años. Las trabajadoras soportan además una brecha salarial del 16,07 por ciento en 2024, según el INE. Ante ese «mayor impacto» sobre la población femenina, el tribunal afirma que debe «extremar las cautelas interpretativas integrando la perspectiva de género».

La resolución recuerda que esta perspectiva «no es una opción para quien juzga, sino un mandato legal imperativo», como confirma la doctrina del Tribunal Constitucional, y «una obligada metodología de resolución» en los conflictos que involucran relaciones asimétricas o patrones estereotípicos de género, «aun cuando las partes no lo soliciten expresamente». La Sala apoya ese mandato en la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Convención CEDAW y la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. De ahí se deriva «necesariamente a una interpretación flexible y pro persona»: admitir cualquier justificante médico, público o privado, porque la opción contraria «incidiría nocivamente en el derecho al disfrute de este permiso de forma retribuida, con el eventual incremento, en su caso, de la brecha salarial que afecta a las trabajadoras».

Un fundamento en lenguaje claro dirigido a la plantilla

Otra particularidad de la sentencia es que uno de sus fundamentos jurídicos está dedicado a resumirla en lenguaje claro, en aplicación de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, y «dado el impacto social de esta resolución». En ese apartado, escrito «con lenguaje sencillo y comprensible», la Sala explica directamente a las personas afectadas que «la sentencia reconoce que el permiso retribuido para acudir a consulta médica puede justificarse tanto con un certificado de la sanidad pública como de la privada», que una persona facultativa «es cualquier persona legalmente autorizada para ejercer la medicina» y que, «sea público o privado tiene la misma capacidad profesional para atender, diagnosticar o prescribir un tratamiento». El resumen recoge también la dimensión de género del caso y concluye que «la empresa debe aceptar, sin distinción, los justificantes de consulta médica expedidos por profesionales de la sanidad pública o privada».

Una doctrina práctica para la negociación y el litigio laboral

La sentencia ofrece un patrón de interpretación convencional replicable: cuando el texto pactado use términos generales —«justificante médico», «facultativo»—, no cabrán restricciones no escritas en perjuicio de la plantilla, y la perspectiva de género operará como canon reforzado aunque ninguna parte la invoque. Para los departamentos de recursos humanos, la conclusión práctica es inmediata: las políticas internas que limiten los justificantes a la sanidad pública deben revisarse. Y para la abogacía laboralista, la vía del conflicto colectivo vuelve a mostrar su utilidad para fijar interpretaciones generales de los convenios de empresa.

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Fuentes

• Poder Judicial, nota de prensa del TSJ de Canarias: «El TSJ de Canarias reconoce que el permiso retribuido para ir al médico puede justificarse con un certificado privado»