Prestación por cuidado de menores con cáncer o enfermedad grave: el Real Decreto 957/2026 reescribe el reglamento y amplía plazos y patologías
El RD 957/2026 sustituye el reglamento de la prestación CUME: nuevos supuestos asimilados al ingreso y entrada en vigor a los dos meses.
El BOE del 5 de noviembre de 2026 publica el Real Decreto 957/2026, de 4 de noviembre, que desarrolla el régimen jurídico de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, conocida por sus siglas CUME. La norma no es una reforma parcial: deroga íntegramente el Real Decreto 1148/2011, que regulaba la prestación desde su creación, y lo sustituye por un nuevo reglamento completo de diecinueve artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, cuatro disposiciones finales y dos anexos. Su disposición final cuarta retrasa la entrada en vigor a los dos meses de su publicación, es decir, al 5 de enero de 2027; hasta entonces sigue aplicándose el Real Decreto 1148/2011.
La prestación, incorporada a la acción protectora de la Seguridad Social por la Ley de Presupuestos de 2011 y regulada en los artículos 190 a 192 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, compensa la pérdida de ingresos de las personas progenitoras, guardadoras con fines de adopción o acogedoras permanentes que reducen su jornada para cuidar a un menor con cáncer u otra enfermedad grave, conforme al artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores. El nuevo reglamento llega tras años de reclamaciones de las asociaciones de familias, iniciativas parlamentarias y recomendaciones del Defensor del Pueblo, y tras modificaciones legales parciales introducidas por la Ley 22/2021 y el Real Decreto-ley 2/2023.
Situación protegida: la hospitalización a domicilio ya cuenta como ingreso
El cambio de mayor calado práctico está en el concepto de situación protegida. Hasta ahora, la prestación exigía que la enfermedad implicara un ingreso hospitalario. El artículo 4 del nuevo real decreto incorpora de forma expresa situaciones asistenciales equivalentes al ingreso: la hospitalización a domicilio y los tratamientos ambulatorios complejos que, sin requerir hospitalización convencional, implican la necesidad de un cuidado directo, continuo y permanente por parte de las personas cuidadoras. La norma responde así a la transformación del sistema sanitario, que ha desplazado fuera del hospital buena parte de los cuidados de alta complejidad, y busca una aplicación homogénea en todo el territorio.
Se clarifica además la compatibilidad de la prestación con la escolarización de la persona causante y con la realización de prácticas formativas, siempre que subsista la necesidad de cuidado directo. Y se regula por primera vez la figura de la curatela representativa, así como el régimen aplicable en supuestos de nulidad, separación, divorcio o extinción de la pareja de hecho, uno de los puntos que más conflicto había generado en la acreditación de la convivencia. En esos supuestos, y también cuando se acredite la condición de víctima de violencia de género, la prestación reconocida a la persona que convive con la causante solo se extinguirá cuando sea esa persona quien cese en la relación laboral, y no por el cese de la otra progenitora.
Plazos más largos y control reforzado
El artículo 12 fija el nacimiento del derecho desde el mismo día en que comience la reducción de jornada, siempre que la solicitud se formule en los tres meses siguientes; pasado ese plazo, la retroactividad máxima es de tres meses. La prestación se reconocerá por un periodo inicial de cuatro meses, prorrogable una primera vez por un periodo de seis meses y, sucesivamente, por periodos de ocho meses, mientras subsista la necesidad de cuidado acreditada con la declaración médica correspondiente. La prórroga podrá solicitarse dentro de los tres meses anteriores a la finalización del periodo reconocido.
El nuevo control llega a partir de los primeros veinticuatro meses: desde ese momento, y con una periodicidad de dos años, la solicitud de prórroga deberá acompañarse de un informe vinculante de la Inspección Médica del Servicio Público de Salud que acredite la subsistencia de la enfermedad y de la necesidad de cuidado. El informe deberá emitirse en un plazo máximo de treinta días; si no se emite, la prestación se considerará prorrogada provisionalmente hasta que se remita a la entidad gestora o mutua, con un límite: si durante el periodo de ocho meses de prórroga provisional el informe no llega, la prestación se extingue, salvo nueva solicitud con el informe del facultativo.
En cuanto a la duración máxima, el artículo 13 mantiene la prestación hasta los veintitrés años cuando persista la enfermedad diagnosticada antes de la mayoría de edad, y hasta los veintiséis años si antes de los veintitrés se acredita una discapacidad igual o superior al 65 por ciento. La gran novedad es la extensión excepcional más allá de los veintiséis años cuando la persona causante acredite una discapacidad igual o superior al 65 por ciento o tenga reconocido el grado III de dependencia, siempre que persistan la convivencia y la necesidad de cuidado. El requisito de convivencia se entenderá cumplido aunque la persona causante resida temporalmente en un recurso residencial o en una estancia de respiro, si la persona beneficiaria mantiene el cuidado efectivo y continuado.
Autónomos, pluriempleo y base reguladora
El reglamento dedica atención específica a las personas trabajadoras por cuenta propia. Para ellas, la situación protegida consiste en el cese parcial de la actividad, y las bases de cotización provisionales tenidas en cuenta durante la percepción de la prestación se considerarán definitivas, sin regularización anual conforme al artículo 309.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social; no obstante, podrán actualizarse a solicitud de la persona interesada con efectos desde el primer día del mes siguiente a la petición. Es una respuesta a las dificultades detectadas con el nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos.
En situaciones de pluriempleo, la prestación se reconocerá en proporción al porcentaje de reducción del total de la jornada en los distintos empleos, tomando como base reguladora las bases de cotización de cada empresa, con el tope máximo de cotización. Las personas contratadas a tiempo parcial tendrán derecho siempre que reduzcan su jornada al menos en un 50 por ciento, y el porcentaje se calculará sobre la jornada de una persona comparable a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo.
Nuevas patologías en el listado de enfermedades graves
El anexo I actualiza el listado de enfermedades graves que dan acceso a la prestación e incorpora, entre otras, el trastorno del espectro autista y el síndrome del neurodesarrollo Poirier-Bienvenu, de acuerdo con la evidencia médica disponible. La norma mantiene además la posibilidad de actualizar el listado por orden ministerial, lo que permite adaptarlo a la evolución del conocimiento clínico sin necesidad de un nuevo real decreto. Junto a la derogación del Real Decreto 1148/2011, se deroga expresamente la orden ministerial que desarrollaba el anterior listado, cuyo contenido queda integrado y actualizado en el nuevo texto.
Ámbito personal y gestión
La prestación se mantiene fuera del ámbito del personal funcionario, que se rige por el artículo 49.e) del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y por las normas de Función Pública. El real decreto regula también con mayor precisión la concurrencia de personas beneficiarias y la forma alternativa o simultánea de percepción, especialmente en supuestos de convivencia compartida, y detalla las causas de suspensión —incapacidad temporal, suspensión por nacimiento, riesgo durante el embarazo o la lactancia— y de extinción, incluida la realización de trabajos distintos de los tenidos en cuenta para la reducción de jornada.
La norma, dictada al amparo de la competencia exclusiva estatal del artículo 149.1.17.ª de la Constitución, ha contado con informes del Ministerio de Sanidad, del Consejo Nacional de la Discapacidad y de las comunidades autónomas, y ha pasado por consulta pública y audiencia a sindicatos, asociaciones empresariales y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo. Para los despachos laboralistas y de Seguridad Social, el texto exige revisar los criterios aplicados hasta ahora en la solicitud y defensa de la prestación, empezando por la nueva casuística de situaciones asimiladas al ingreso y por el calendario de informes vinculantes que condicionará las prórrogas largas. Quienes asesoren a familias en proceso de solicitud encontrarán en la guía de prestaciones para autónomas y en nuestra cobertura de las ayudas del Real Decreto-ley 32/2026 contexto útil sobre la acción protectora reciente, así como en la sentencia sobre el permiso retribuido para consulta médica un ejemplo del giro protector de la jurisprudencia laboral reciente.
Fuentes
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