Ayudas covid a KLM y Condor: el TJUE anula las sentencias del Tribunal General, desestima el recurso de Ryanair contra Condor y devuelve el caso KLM a primera instancia
El TJUE anula las dos sentencias del Tribunal General: desestima el recurso de Ryanair contra la ayuda a Condor y devuelve el caso KLM a primera instancia.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó el 5 de noviembre de 2026 dos sentencias en casación sobre los rescates aéreos de la pandemia impugnados por Ryanair. En ambas anula las sentencias del Tribunal General que habían tumbado las decisiones de la Comisión, pero con resultados bien distintos: el recurso contra la ayuda alemana de 321 millones de euros a la aerolínea chárter Condor queda desestimado en su totalidad, mientras que el caso de la ayuda neerlandesa de 3.400 millones a KLM vuelve al Tribunal General, que deberá pronunciarse sobre los motivos de Ryanair que quedaron sin resolver.
El caso KLM: quién es el beneficiario de la ayuda
En 2020, la Comisión aprobó una ayuda de Estado de 3.400 millones de euros concedida por los Países Bajos a KLM, miembro del grupo Air France-KLM, formada por una garantía estatal a un préstamo bancario y un préstamo estatal para dar liquidez temporal a la compañía frente a los efectos de la pandemia. A instancias de Ryanair, el Tribunal General anuló en 2021 aquella primera decisión porque la Comisión no había explicado suficientemente por qué KLM era la única beneficiaria, con exclusión de las demás sociedades del grupo.
La Comisión adoptó entonces, el 16 de julio de 2021, una nueva decisión que declaró la ayuda compatible con el mercado interior, considerando beneficiarias únicamente a KLM y sus filiales. Ryanair recurrió de nuevo y el Tribunal General volvió a anular, esta vez por entender que la Comisión había errado al excluir a Air France y al holding Air France-KLM del perímetro de beneficiarios.
La Comisión (asunto C-266/24 P), KLM (C-269/24 P) y Air France junto al holding (C-289/24 P) recurrieron en casación. El Tribunal de Justicia les da ahora la razón en lo esencial. En primer lugar, avala la metodología: el Tribunal General no aplicó un marco jurídico erróneo al apoyarse en el concepto de «unidad económica» para determinar el beneficiario. Pero incurrió en un error de Derecho al declarar que la Comisión se había equivocado manifiestamente: sustituyó la apreciación de la Comisión por la suya propia sin demostrar que la conclusión de aquella careciera de plausibilidad, ponderando de manera distinta la pertinencia de los elementos y aplicando una concepción diferente del grado de integración del grupo. Eso, en casación, no es admisible: el control judicial del Tribunal General no puede convertirse en una nueva valoración de hechos complejos.
Con todo, la victoria de la Comisión es parcial: el Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General, desestima solo en parte el recurso de Ryanair y devuelve el asunto a primera instancia para que se pronuncie sobre los motivos no resueltos —la violación de los principios de no discriminación y de las libertades de prestación de servicios y de establecimiento, la errónea aplicación del artículo 107.3.b) TFUE, los derechos procesales y la obligación de motivación—, cuya apreciación exige valoraciones fácticas que no cabe hacer en casación. La ayuda a KLM no queda, por tanto, validada en firme: el Tribunal General, vinculado por la doctrina fijada en casación, tendrá que resolver sobre esos motivos.
El caso Condor: el reparto de cargas de la reestructuración
La ayuda alemana de 321 millones a Condor —aprobada en julio de 2021 sin abrir investigación formal, en forma de ayuda de reestructuración con condonaciones de deuda de 90 millones y de 20,2 millones de intereses— fue anulada por el Tribunal General en mayo de 2024 (asunto T-28/22) a instancias de Ryanair, por entender que la Comisión debería haber incoado el procedimiento formal de investigación. Condor recurrió entonces en casación ante el Tribunal de Justicia (asunto C-505/24 P).
En la sentencia sobre el asunto C-505/24 P, el Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General y, como el estado del litigio se lo permite, resuelve él mismo: desestima íntegramente el recurso que Ryanair había interpuesto en primera instancia contra la decisión de 2021. Dos precisiones jurídicas importan. La primera: el Tribunal General no incurrió en error al considerar que el requisito del reparto adecuado de las cargas alcanza también a las condonaciones de deuda, una cuestión de interpretación jurídica sometida a control pleno —y el Tribunal de Justicia advierte de que limitarse a un test de plausibilidad en ese terreno debilitaría el control judicial y la seguridad jurídica—. La segunda: el Tribunal General sí erró al declarar que la Comisión no había apreciado ese requisito, porque de la decisión se desprende que la institución lo estimó implícitamente impertinente, ya que ese examen solo se exige cuando el beneficiario conserva patrimonio neto tras la asunción de pérdidas por los inversores existentes, algo que no ocurría en el caso de Condor. El Tribunal de Justicia examina además las alegaciones de Ryanair que el Tribunal General no había analizado —efectos negativos sobre la competencia, no discriminación, libertades de prestación de servicios y de establecimiento, y obligación de motivación— y las desestima por infundadas.
La batalla de fondo sobre Condor tampoco está cerrada: tras la anulación de 2024, la Comisión abrió la investigación formal y volvió a autorizar la ayuda de 321,2 millones por decisión de 28 de abril de 2025, que Ryanair ha impugnado de nuevo ante el Tribunal General (asunto T-44/26, pendiente).
Seis años de litigio y un patrón claro
Conviene situar las sentencias en su serie completa. El rescate de KLM conoció dos decisiones de aprobación de la Comisión —en 2020 y en 2021— y dos anulaciones del Tribunal General antes de llegar a Luxemburgo; el de Condor, una decisión de 2021 anulada en 2024. Y el expediente sigue vivo en ambos frentes: la Comisión adoptó en julio de 2024 una nueva decisión sobre las ayudas francesas y neerlandesas, impugnada por Ryanair y Malta Air (asunto T-250/25, pendiente), y la nueva autorización de la ayuda a Condor de abril de 2025 está recurrida en el asunto T-44/26. En los dos asuntos resueltos esta semana, el Tribunal de Justicia no entra a valorar de nuevo los hechos: lo que corrige es el estándar de control. Cuando la Comisión efectúa apreciaciones técnicas complejas —quién se beneficia realmente de una ayuda dentro de un grupo—, el juez de primera instancia solo puede anular si la conclusión de la institución carece de plausibilidad, y no porque su propia ponderación de los elementos hubiera sido distinta.
El caso Condor añade una precisión económica de interés: el examen del reparto adecuado de cargas deja de ser exigible cuando el beneficiario no conserva patrimonio neto tras la asunción de las pérdidas por los inversores existentes. Y una precisión simétrica sobre la motivación: la implícita puede bastar cuando es reconstruible a la luz del expediente, pero solo tras un control judicial real de la interpretación jurídica aplicable.
Una estrategia litigiosa con final abierto
Para Ryanair, las dos sentencias suponen un revés serio, pero no el final de la guerra: pierde en firme el recurso contra la decisión de 2021 sobre Condor, mantiene abierto el caso KLM en primera instancia y conserva recursos pendientes contra las decisiones posteriores de la Comisión (T-250/25 y T-44/26). Lo que sí cierra el Tribunal de Justicia es la vía de convertir el control judicial en una nueva valoración de hechos complejos ya ponderados por la Comisión, un reproche metodológico que trasciende al litigio concreto.
Una doctrina con alcance
Las dos sentencias marcan un punto de inflexión en la serie de litigios que Ryanair mantiene contra los rescates aéreos europeos de la pandemia y fijan doctrina relevante en ayudas de Estado. Primero, la determinación del beneficiario de una ayuda dentro de un grupo es una apreciación técnica de la Comisión que solo puede anularse si carece de plausibilidad, no porque el juez hubiera ponderado de otro modo. Segundo, el requisito del reparto adecuado de cargas tiene su propio presupuesto de aplicación y no opera cuando el beneficiario queda sin patrimonio neto tras la asunción de pérdidas.
Para los despachos de competencia y regulación, las sentencias son también un recordatorio de los límites del control del Tribunal General en materia de apreciaciones económicas complejas y del valor de una motivación implícita bien reconstruida en casación.
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Fuentes
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- Fuente. Consultada el 6 de noviembre de 2026.
- Fuente. Consultada el 6 de noviembre de 2026.
- Fuente. Consultada el 6 de noviembre de 2026.
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