Noticias, análisis y tribunas sobre editorial publicadas en AGENTE LEX.
La nueva ley de atención a la clientela exige a las grandes empresas y a los servicios básicos atender con personas, identificar cada gestión y resolver en un plazo máximo. Un despacho solo estará obligado si cumple esas condiciones. Aun así, la abogacía debería adoptar por iniciativa propia estándares parecidos.
El 6 de octubre se aprobaron dos reales decretos-ley sobre vivienda que modifican la misma ley, e incluso el mismo artículo, con fechas de entrada en vigor distintas. Uno de ellos reforma además una larga lista de normas fiscales, procesales y financieras. Defendemos que una materia tan sensible merece otra técnica legislativa.
Los incendios forestales del verano obligaron a suspender los plazos procesales en varios partidos judiciales. La suspensión llegó por un real decreto-ley que entró en vigor cuando el periodo suspendido ya había terminado. Defendemos un mecanismo estable para estas situaciones.
Quien no puede pagarse un abogado tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita, pero la ley mide esa incapacidad con un indicador concreto: dos, dos veces y media o tres veces el IPREM. Pedimos que se evalúe con datos públicos si esos umbrales siguen cumpliendo su función.
La prueba de aptitud para la abogacía de 2026 se hizo en línea y con preguntas tipo test, y su nota se pondera con la del máster. El formato tiene virtudes evidentes. También tiene un límite: no mide lo que un abogado hace en su primer día de despacho.
La directiva europea de transparencia retributiva fija para junio de 2027 los primeros informes de brecha de las empresas grandes. El texto español sigue en proyecto. Los despachos tienen buenas razones para no esperar.
