El Congreso deroga el Real Decreto-ley 28/2026 del alquiler y convalida el RDL 29/2026 de vivienda: qué normas quedan y cuáles desaparecen
El Congreso derogó el 12 de noviembre el RDL 28/2026 del alquiler, que nunca llegó a entrar en vigor, y convalidó el RDL 29/2026 de vivienda asequible.

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados acordó en su sesión del 12 de noviembre de 2026 dos decisiones de efecto contrario sobre los dos reales decretos-leyes de vivienda del 6 de octubre: derogó el Real Decreto-ley 28/2026, por el que se adoptaban medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, y convalidó el Real Decreto-ley 29/2026, de protección de la función social de la vivienda y ampliación de la oferta asequible. Ambas resoluciones se publicaron en el BOE del 13 de noviembre de 2026 (número 283), al amparo del artículo 86.2 de la Constitución, que obliga al Congreso a pronunciarse expresamente sobre la convalidación o derogación de los decretos-leyes en los treinta días siguientes a su promulgación.
El resultado práctico es una vuelta parcial al punto de partida en la duración de los alquileres, mientras el grueso del paquete de vivienda del 6 de octubre sobrevive. Esta pieza recoge lo verificado en los textos oficiales y enlaza nuestra cobertura anterior: la del Real Decreto-ley 29/2026 sobre alquiler de temporada y desahucios y la del Real Decreto-ley 28/2026 sobre la prórroga del alquiler, publicadas cuando ambas normas se publicaron en el BOE.
Lo que se pierde: las prórrogas de cinco o siete años y la indemnización del RDL 28/2026
El Real Decreto-ley 28/2026 iba a sustituir el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para endurecer la permanencia del inquilino, pero su disposición final segunda difería la entrada en vigor al 15 de noviembre de 2026, de modo que nunca llegó a regir: la derogación se acordó tres días antes de esa fecha. Su núcleo, ya derogado, preveía que, cumplidos al menos cinco años de contrato (siete si el arrendador fuese persona jurídica), el contrato se prorrogase tácita y obligatoriamente por plazos sucesivos de cinco o siete años si ninguna parte notificaba su voluntad de no prorrogar, con preavisos de seis meses para el arrendador y de dos para el arrendatario.
La otra pieza central derogada era la indemnización por no renovación. Si el arrendador comunicaba válidamente su voluntad de no prorrogar, quedaba obligado a indemnizar al arrendatario con el mayor de dos importes: doce mensualidades calculadas sobre el valor superior del rango individualizado de la vivienda en el sistema estatal de referencia de precios de alquiler, o una mensualidad por cada año de residencia, prorrateada por meses y días. El decreto derogado recogía excepciones tasadas: la necesidad de la vivienda para el arrendador persona física o sus familiares hasta segundo grado, la vivienda no habitada por el arrendatario durante más de seis meses en el último año sin causa justificada, la disponibilidad de otra vivienda apta en el mismo municipio, la firma de un nuevo contrato o el rechazo de una oferta fehaciente de nuevo contrato con permanencia mínima de cinco o siete años y renta ajustada al artículo 17.6 de la LAU.
El decreto derogado contenía además reglas de coordinación con el RDL 29/2026 que también caen con él: su disposición adicional primera ordenaba la interacción entre sus prórrogas y la prórroga extraordinaria prevista en la disposición final quinta del RDL 29/2026, y su disposición transitoria única extendía el nuevo artículo 10 a los contratos de arrendamiento de vivienda habitual ya vigentes a su entrada en vigor. Con la derogación, esas reglas de coordinación no llegan a nacer y la transición sigue dependiendo del régimen general y de lo pactado en cada contrato.
Todo ese régimen desaparece. El análisis del BOE registra que la derogación deja sin efecto la modificación del artículo 10 de la Ley 29/1994 y la relación con la disposición final quinta del RDL 29/2026.
El ciclo completo del decreto derogado fue más breve aún de lo que sugiere el calendario: dado el 6 de octubre y publicado en el BOE del 7 de octubre de 2026, su disposición final segunda fijaba la entrada en vigor para el 15 de noviembre de 2026, y el Acuerdo de no convalidación del 12 de noviembre llegó tres días antes. El RDL 28/2026, por tanto, nunca estuvo en vigor: sus reglas sobre prórrogas, indemnizaciones y coordinación con la prórroga extraordinaria del RDL 29/2026 no llegaron a aplicarse a ningún contrato. Esta lectura se ha verificado contra la disposición final segunda del texto consolidado.
Lo que queda: el artículo 10 de la LAU en la versión del RDL 29/2026
El punto técnico que más conviene no confundir es que el artículo 10 de la LAU no vuelve a su redacción de 2019, porque el propio RDL 29/2026, ahora convalidado, ya lo había modificado antes, en vigor desde el 8 de octubre de 2026, día siguiente a su publicación en el BOE. Y como el RDL 28/2026 nunca entró en vigor, esa versión del artículo 10 no ha dejado de regir en ningún momento: no hay retroactividad que reconstruir, sino continuidad.
Esa redacción mantiene la prórroga tácita por plazos anuales hasta un máximo de tres años más una vez cumplidos los cinco o siete años de duración mínima, si ninguna parte notifica su voluntad de no renovar con cuatro meses de antelación el arrendador o dos el arrendatario. Junto a ella siguen en vigor dos mecanismos que la Ley 12/2023 introdujo y el RDL 29/2026 mantiene: la prórroga extraordinaria de hasta un año para arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica acreditada por servicios sociales, de aceptación obligatoria cuando el arrendador es gran tenedor conforme a la Ley 12/2023, y las prórrogas extraordinarias de hasta tres años en las zonas de mercado residencial tensionado declaradas al amparo de la legislación de vivienda.
El paquete convalidado: qué contiene el RDL 29/2026 que sigue vigente
La convalidación confirma la totalidad del RDL 29/2026, un decreto extenso organizado en seis títulos. El título I agrupa las medidas de protección de la función social de la vivienda frente a la especulación, entre ellas la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y las modificaciones de la LAU, además de un régimen sancionador con infracciones muy graves, graves y leves. El título II recoge las medidas fiscales en materia de vivienda, con disposiciones adicionales en IRPF y un régimen transitorio para las SOCIMI durante 2026 y 2027. El título III se ocupa del parque público de vivienda, el IV del fomento de la promoción asequible, el V de otras medidas y el VI crea la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa, cuya comercialización quedó pendiente de una orden ministerial según su disposición final decimoprimera.
Para el lector que siguió la secuencia completa: el RDL 28/2026 era ya una segunda versión de las medidas de estabilidad, porque su preámbulo recordaba la reciente derogación por el Congreso del Real Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, de contenido equivalente. Con la decisión del 12 de noviembre, esa línea de reforma de la duración del alquiler queda por segunda vez sin recorrido.
Qué significa en la práctica para arrendadores e inquilinos
Para un contrato de vivienda habitual firmado bajo la LAU, la regla operativa sigue siendo la del artículo 10 en la versión del RDL 29/2026: cinco años de duración mínima obligatoria (siete con arrendador jurídico), después prórrogas anuales hasta tres años más si no hay preaviso válido, con las prórrogas extraordinarias por vulnerabilidad o zona tensionada donde procedan. Desaparecen la prórroga automática de cinco o siete años adicionales y la indemnización de hasta doce mensualidades del decreto derogado.
Las resoluciones publicadas son escuetas: la de derogación se limita a acordarla y ordenar su publicación, sin precisiones sobre efectos ni régimen transitorio propio, y el análisis del BOE registra la pérdida de efectos de la modificación del artículo 10 y de la relación con la disposición final quinta del RDL 29/2026. Como el RDL 28/2026 nunca llegó a entrar en vigor, sus reglas no llegaron a ser aplicables a los contratos. Sí merece atención un supuesto realista: los preavisos de no renovación cursados entre el 7 de octubre y el 12 de noviembre por arrendadores que anticipaban el régimen del RDL 28/2026 (preavisos de seis meses para el arrendador y dos para el arrendatario, que nunca llegaron a regir) deben contrastarse con el régimen realmente vigente, el del artículo 10 en la versión del RDL 29/2026, que fija preavisos de cuatro meses para el arrendador y dos para el arrendatario. Cualquier duda sobre un preaviso o una no renovación concreta debe revisarse con asesoramiento profesional, porque el calendario de cada contrato puede cruzar varias redacciones del artículo 10.
Preguntas frecuentes
¿Desde cuándo está derogado el RDL 28/2026? El Acuerdo de la Diputación Permanente se adoptó el 12 de noviembre de 2026 y se publicó en el BOE del 13 de noviembre de 2026, que ordena su publicación para general conocimiento.
¿Llegó a estar en vigor el RDL 28/2026? No. Su entrada en vigor estaba fijada para el 15 de noviembre de 2026 y el Congreso lo derogó el 12 de noviembre, tres días antes. El artículo 10 de la LAU vigente es el que dejó el RDL 29/2026, convalidado el mismo día, con prórrogas anuales de hasta tres años y las prórrogas extraordinarias por vulnerabilidad y zonas tensionadas.
¿El RDL 29/2026 sigue vigente entero? Sí. La convalidación lo confirma íntegramente, incluidos el régimen sancionador, las medidas fiscales y la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa, esta última pendiente de desarrollo por orden ministerial.
Fuentes y límites
Verificado el 14 de noviembre de 2026 contra los textos oficiales del BOE citados: resoluciones de 12 de noviembre de 2026 del Congreso (derogación y convalidación) y textos consolidados del RDL 28/2026 y del RDL 29/2026. La lectura de efectos prácticos se limita a lo que los textos recogen; en particular, la disposición final segunda del RDL 28/2026 (BOE-A-2026-20822) fijaba su entrada en vigor el 15 de noviembre de 2026, por lo que la derogación del 12 de noviembre le impidió regir. Las resoluciones del Congreso no contienen precisiones sobre efectos; el análisis del BOE registra la pérdida de efectos de la modificación del artículo 10 de la LAU y de la relación con la disposición final quinta del RDL 29/2026.
Enlaces relacionados: qué es la derogación de una norma, qué es la convalidación de un decreto-ley y la fianza en el arrendamiento urbano.
Fuentes
- Fuente. Consultada el 14 de noviembre de 2026.
- Fuente. Consultada el 14 de noviembre de 2026.
- Fuente. Consultada el 14 de noviembre de 2026.
- Fuente. Consultada el 14 de noviembre de 2026.
Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.


