Actualidad del sector

El
Congreso
deroga
el
Real
Decreto-ley
28/2026
del
alquiler
y
convalida
el
RDL
29/2026
de
vivienda:
qué
normas
quedan
y
cuáles
desaparecen

El
Congreso
derogó
el
12
de
noviembre
el
RDL
28/2026
del
alquiler,
que
nunca
llegó
a
entrar
en
vigor,
y
convalidó
el
RDL
29/2026
de
vivienda
asequible.

Ilustración
generada
con
IA:
edificio
residencial
de
viviendas
con
balcones
en
una
ciudad
española
Imagen
generada
con
IA.
No
es
una
fotografía
documental.

La
Diputación
Permanente
del
Congreso
de
los
Diputados
acordó
en
su
sesión
del
12
de
noviembre
de
2026
dos
decisiones
de
efecto
contrario
sobre
los
dos
reales
decretos-leyes
de
vivienda
del
6
de
octubre:
derogó
el
Real
Decreto-ley
28/2026,
por
el
que
se
adoptaban
medidas
urgentes
para
reforzar
la
estabilidad
de
los
contratos
de
arrendamiento
de
vivienda
habitual,
y
convalidó
el
Real
Decreto-ley
29/2026,
de
protección
de
la
función
social
de
la
vivienda
y
ampliación
de
la
oferta
asequible.
Ambas
resoluciones
se
publicaron
en
el
BOE
del
13
de
noviembre
de
2026
(número
283),
al
amparo
del
artículo
86.2
de
la
Constitución,
que
obliga
al
Congreso
a
pronunciarse
expresamente
sobre
la
convalidación
o
derogación
de
los
decretos-leyes
en
los
treinta
días
siguientes
a
su
promulgación.

El
resultado
práctico
es
una
vuelta
parcial
al
punto
de
partida
en
la
duración
de
los
alquileres,
mientras
el
grueso
del
paquete
de
vivienda
del
6
de
octubre
sobrevive.
Esta
pieza
recoge
lo
verificado
en
los
textos
oficiales
y
enlaza
nuestra
cobertura
anterior:
la
del
Real
Decreto-ley
29/2026
sobre
alquiler
de
temporada
y
desahucios
y
la
del
Real
Decreto-ley
28/2026
sobre
la
prórroga
del
alquiler,
publicadas
cuando
ambas
normas
se
publicaron
en
el
BOE.

Lo
que
se
pierde:
las
prórrogas
de
cinco
o
siete
años
y
la
indemnización
del
RDL
28/2026

El
Real
Decreto-ley
28/2026
iba
a
sustituir
el
artículo
10
de
la
Ley
de
Arrendamientos
Urbanos
para
endurecer
la
permanencia
del
inquilino,
pero
su
disposición
final
segunda
difería
la
entrada
en
vigor
al
15
de
noviembre
de
2026,
de
modo
que
nunca
llegó
a
regir:
la
derogación
se
acordó
tres
días
antes
de
esa
fecha.
Su
núcleo,
ya
derogado,
preveía
que,
cumplidos
al
menos
cinco
años
de
contrato
(siete
si
el
arrendador
fuese
persona
jurídica),
el
contrato
se
prorrogase
tácita
y
obligatoriamente
por
plazos
sucesivos
de
cinco
o
siete
años
si
ninguna
parte
notificaba
su
voluntad
de
no
prorrogar,
con
preavisos
de
seis
meses
para
el
arrendador
y
de
dos
para
el
arrendatario.

La
otra
pieza
central
derogada
era
la
indemnización
por
no
renovación.
Si
el
arrendador
comunicaba
válidamente
su
voluntad
de
no
prorrogar,
quedaba
obligado
a
indemnizar
al
arrendatario
con
el
mayor
de
dos
importes:
doce
mensualidades
calculadas
sobre
el
valor
superior
del
rango
individualizado
de
la
vivienda
en
el
sistema
estatal
de
referencia
de
precios
de
alquiler,
o
una
mensualidad
por
cada
año
de
residencia,
prorrateada
por
meses
y
días.
El
decreto
derogado
recogía
excepciones
tasadas:
la
necesidad
de
la
vivienda
para
el
arrendador
persona
física
o
sus
familiares
hasta
segundo
grado,
la
vivienda
no
habitada
por
el
arrendatario
durante
más
de
seis
meses
en
el
último
año
sin
causa
justificada,
la
disponibilidad
de
otra
vivienda
apta
en
el
mismo
municipio,
la
firma
de
un
nuevo
contrato
o
el
rechazo
de
una
oferta
fehaciente
de
nuevo
contrato
con
permanencia
mínima
de
cinco
o
siete
años
y
renta
ajustada
al
artículo
17.6
de
la
LAU.

El
decreto
derogado
contenía
además
reglas
de
coordinación
con
el
RDL
29/2026
que
también
caen
con
él:
su
disposición
adicional
primera
ordenaba
la
interacción
entre
sus
prórrogas
y
la
prórroga
extraordinaria
prevista
en
la
disposición
final
quinta
del
RDL
29/2026,
y
su
disposición
transitoria
única
extendía
el
nuevo
artículo
10
a
los
contratos
de
arrendamiento
de
vivienda
habitual
ya
vigentes
a
su
entrada
en
vigor.
Con
la
derogación,
esas
reglas
de
coordinación
no
llegan
a
nacer
y
la
transición
sigue
dependiendo
del
régimen
general
y
de
lo
pactado
en
cada
contrato.

Todo
ese
régimen
desaparece.
El
análisis
del
BOE
registra
que
la
derogación
deja
sin
efecto
la
modificación
del
artículo
10
de
la
Ley
29/1994
y
la
relación
con
la
disposición
final
quinta
del
RDL
29/2026.

El
ciclo
completo
del
decreto
derogado
fue
más
breve
aún
de
lo
que
sugiere
el
calendario:
dado
el
6
de
octubre
y
publicado
en
el
BOE
del
7
de
octubre
de
2026,
su
disposición
final
segunda
fijaba
la
entrada
en
vigor
para
el
15
de
noviembre
de
2026,
y
el
Acuerdo
de
no
convalidación
del
12
de
noviembre
llegó
tres
días
antes.
El
RDL
28/2026,
por
tanto,
nunca
estuvo
en
vigor:
sus
reglas
sobre
prórrogas,
indemnizaciones
y
coordinación
con
la
prórroga
extraordinaria
del
RDL
29/2026
no
llegaron
a
aplicarse
a
ningún
contrato.
Esta
lectura
se
ha
verificado
contra
la
disposición
final
segunda
del
texto
consolidado.

Lo
que
queda:
el
artículo
10
de
la
LAU
en
la
versión
del
RDL
29/2026

El
punto
técnico
que
más
conviene
no
confundir
es
que
el
artículo
10
de
la
LAU
no
vuelve
a
su
redacción
de
2019,
porque
el
propio
RDL
29/2026,
ahora
convalidado,
ya
lo
había
modificado
antes,
en
vigor
desde
el
8
de
octubre
de
2026,
día
siguiente
a
su
publicación
en
el
BOE.
Y
como
el
RDL
28/2026
nunca
entró
en
vigor,
esa
versión
del
artículo
10
no
ha
dejado
de
regir
en
ningún
momento:
no
hay
retroactividad
que
reconstruir,
sino
continuidad.

Esa
redacción
mantiene
la
prórroga
tácita
por
plazos
anuales
hasta
un
máximo
de
tres
años
más
una
vez
cumplidos
los
cinco
o
siete
años
de
duración
mínima,
si
ninguna
parte
notifica
su
voluntad
de
no
renovar
con
cuatro
meses
de
antelación
el
arrendador
o
dos
el
arrendatario.
Junto
a
ella
siguen
en
vigor
dos
mecanismos
que
la
Ley
12/2023
introdujo
y
el
RDL
29/2026
mantiene:
la
prórroga
extraordinaria
de
hasta
un
año
para
arrendatarios
en
situación
de
vulnerabilidad
social
y
económica
acreditada
por
servicios
sociales,
de
aceptación
obligatoria
cuando
el
arrendador
es
gran
tenedor
conforme
a
la
Ley
12/2023,
y
las
prórrogas
extraordinarias
de
hasta
tres
años
en
las
zonas
de
mercado
residencial
tensionado
declaradas
al
amparo
de
la
legislación
de
vivienda.

El
paquete
convalidado:
qué
contiene
el
RDL
29/2026
que
sigue
vigente

La
convalidación
confirma
la
totalidad
del
RDL
29/2026,
un
decreto
extenso
organizado
en
seis
títulos.
El
título
I
agrupa
las
medidas
de
protección
de
la
función
social
de
la
vivienda
frente
a
la
especulación,
entre
ellas
la
suspensión
de
desahucios
de
personas
vulnerables
sin
alternativa
habitacional
y
las
modificaciones
de
la
LAU,
además
de
un
régimen
sancionador
con
infracciones
muy
graves,
graves
y
leves.
El
título
II
recoge
las
medidas
fiscales
en
materia
de
vivienda,
con
disposiciones
adicionales
en
IRPF
y
un
régimen
transitorio
para
las
SOCIMI
durante
2026
y
2027.
El
título
III
se
ocupa
del
parque
público
de
vivienda,
el
IV
del
fomento
de
la
promoción
asequible,
el
V
de
otras
medidas
y
el
VI
crea
la
Cuenta
de
Ahorro
e
Inversión
Financia
Europa,
cuya
comercialización
quedó
pendiente
de
una
orden
ministerial
según
su
disposición
final
decimoprimera.

Para
el
lector
que
siguió
la
secuencia
completa:
el
RDL
28/2026
era
ya
una
segunda
versión
de
las
medidas
de
estabilidad,
porque
su
preámbulo
recordaba
la
reciente
derogación
por
el
Congreso
del
Real
Decreto-ley
27/2026,
de
29
de
septiembre,
de
contenido
equivalente.
Con
la
decisión
del
12
de
noviembre,
esa
línea
de
reforma
de
la
duración
del
alquiler
queda
por
segunda
vez
sin
recorrido.

Qué
significa
en
la
práctica
para
arrendadores
e
inquilinos

Para
un
contrato
de
vivienda
habitual
firmado
bajo
la
LAU,
la
regla
operativa
sigue
siendo
la
del
artículo
10
en
la
versión
del
RDL
29/2026:
cinco
años
de
duración
mínima
obligatoria
(siete
con
arrendador
jurídico),
después
prórrogas
anuales
hasta
tres
años
más
si
no
hay
preaviso
válido,
con
las
prórrogas
extraordinarias
por
vulnerabilidad
o
zona
tensionada
donde
procedan.
Desaparecen
la
prórroga
automática
de
cinco
o
siete
años
adicionales
y
la
indemnización
de
hasta
doce
mensualidades
del
decreto
derogado.

Las
resoluciones
publicadas
son
escuetas:
la
de
derogación
se
limita
a
acordarla
y
ordenar
su
publicación,
sin
precisiones
sobre
efectos
ni
régimen
transitorio
propio,
y
el
análisis
del
BOE
registra
la
pérdida
de
efectos
de
la
modificación
del
artículo
10
y
de
la
relación
con
la
disposición
final
quinta
del
RDL
29/2026.
Como
el
RDL
28/2026
nunca
llegó
a
entrar
en
vigor,
sus
reglas
no
llegaron
a
ser
aplicables
a
los
contratos.
Sí
merece
atención
un
supuesto
realista:
los
preavisos
de
no
renovación
cursados
entre
el
7
de
octubre
y
el
12
de
noviembre
por
arrendadores
que
anticipaban
el
régimen
del
RDL
28/2026
(preavisos
de
seis
meses
para
el
arrendador
y
dos
para
el
arrendatario,
que
nunca
llegaron
a
regir)
deben
contrastarse
con
el
régimen
realmente
vigente,
el
del
artículo
10
en
la
versión
del
RDL
29/2026,
que
fija
preavisos
de
cuatro
meses
para
el
arrendador
y
dos
para
el
arrendatario.
Cualquier
duda
sobre
un
preaviso
o
una
no
renovación
concreta
debe
revisarse
con
asesoramiento
profesional,
porque
el
calendario
de
cada
contrato
puede
cruzar
varias
redacciones
del
artículo
10.

Preguntas
frecuentes

¿Desde
cuándo
está
derogado
el
RDL
28/2026?
El
Acuerdo
de
la
Diputación
Permanente
se
adoptó
el
12
de
noviembre
de
2026
y
se
publicó
en
el
BOE
del
13
de
noviembre
de
2026,
que
ordena
su
publicación
para
general
conocimiento.

¿Llegó
a
estar
en
vigor
el
RDL
28/2026?
No.
Su
entrada
en
vigor
estaba
fijada
para
el
15
de
noviembre
de
2026
y
el
Congreso
lo
derogó
el
12
de
noviembre,
tres
días
antes.
El
artículo
10
de
la
LAU
vigente
es
el
que
dejó
el
RDL
29/2026,
convalidado
el
mismo
día,
con
prórrogas
anuales
de
hasta
tres
años
y
las
prórrogas
extraordinarias
por
vulnerabilidad
y
zonas
tensionadas.

¿El
RDL
29/2026
sigue
vigente
entero?
Sí.
La
convalidación
lo
confirma
íntegramente,
incluidos
el
régimen
sancionador,
las
medidas
fiscales
y
la
Cuenta
de
Ahorro
e
Inversión
Financia
Europa,
esta
última
pendiente
de
desarrollo
por
orden
ministerial.

Fuentes
y
límites

Verificado
el
14
de
noviembre
de
2026
contra
los
textos
oficiales
del
BOE
citados:
resoluciones
de
12
de
noviembre
de
2026
del
Congreso
(derogación
y
convalidación)
y
textos
consolidados
del
RDL
28/2026
y
del
RDL
29/2026.
La
lectura
de
efectos
prácticos
se
limita
a
lo
que
los
textos
recogen;
en
particular,
la
disposición
final
segunda
del
RDL
28/2026
(BOE-A-2026-20822)
fijaba
su
entrada
en
vigor
el
15
de
noviembre
de
2026,
por
lo
que
la
derogación
del
12
de
noviembre
le
impidió
regir.
Las
resoluciones
del
Congreso
no
contienen
precisiones
sobre
efectos;
el
análisis
del
BOE
registra
la
pérdida
de
efectos
de
la
modificación
del
artículo
10
de
la
LAU
y
de
la
relación
con
la
disposición
final
quinta
del
RDL
29/2026.

Enlaces
relacionados:
qué
es
la
derogación
de
una
norma,
qué
es
la
convalidación
de
un
decreto-ley
y
la
fianza
en
el
arrendamiento
urbano.

Fuentes

  1. Fuente. Consultada el 14 de noviembre de 2026.
  2. Fuente. Consultada el 14 de noviembre de 2026.
  3. Fuente. Consultada el 14 de noviembre de 2026.
  4. Fuente. Consultada el 14 de noviembre de 2026.

Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.

Redacción Agente Lex Redacción

Equipo editorial de AGENTE LEX. Elaboramos análisis y actualidad para la abogacía a partir de fuentes públicas y oficiales, que enlazamos al final de cada artículo.

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