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La huella de la IA en sentencias chilenas: un problema de oficio antes que de tecnología

CIPER detectó al menos nueve resoluciones con respuestas literales de IA. El debate ya no es si se usa, sino cómo se supervisa.

Ilustración generada con IA: Ilustración sobre IA en sentencias chilenas: documentos judiciales impresos sobre una mesa con un lápiz corrector y una lupa
Ilustración generada con IA, no es una fotografía documental

La investigación de Belén Miranda Lozano para CIPER, publicada el 10 de noviembre de 2026, documenta al menos nueve resoluciones del Poder Judicial chileno que contienen copias textuales de respuestas generadas con inteligencia artificial, incluidas las frases de cortesía del asistente ("Perfecto. Con base en tu instrucción específica... aquí tienes la parte considerativa y resolutiva"). Los casos provienen de juzgados civiles, penales, laborales, de familia y cortes de apelaciones de varias regiones. Este comentario discute qué revela ese hallazgo sobre el estado de la supervisión judicial en Chile, distinguiendo los hechos reportados de la valoración editorial.

El caso que concentra la gravedad

El fallo más citado de la investigación es el del 1º Juzgado Civil de Puente Alto, firmado por el juez Rodrigo Téllez el 21 de marzo de 2025, que resolvió el cobro de una deuda de más de 11,7 millones de pesos contra E.Q.H., deuda originada en un crédito para estudios superiores. La respuesta del chat quedó inserta en la parte considerativa y resolutiva de la sentencia. Ricardo Lillo, director del Laboratorio de Justicia Centrada en las Personas de la Universidad Adolfo Ibáñez y doctor por UCLA, lo resume con precisión: ya no se trata de apoyo, sino de la fundamentación misma; se delegó un juicio que debería ser indelegable. Esa es la línea que separa la asistencia legítima de la sustitución del deber judicial de razonar.

No es un hecho aislado y ese es el dato

La defensa más fácil ante un caso así es la anécdota: un funcionario descuidado, un error puntual. La investigación desarma esa lectura con variedad de materias y de sedes. Un Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique absolvió a un imputado de robo con violencia con la huella del asistente al valorar cámaras de seguridad. En Concepción, la jueza laboral Ángela Hernández falló a favor de un trabajador informal incorporando textualmente la respuesta de la máquina, y la Corte de Apelaciones de esa ciudad confirmó el fallo íntegramente el 10 de febrero de 2026 sin advertir la marca. La trascendencia no está en ninguno de los fallos por separado, sino en el patrón: la práctica cruzó materias, regiones y hasta una revisión de alzada.

La alucinación como riesgo probatorio

Lillo advierte un punto técnico que merece subrayarse: si un resumen hecho por IA omite o distorsiona un elemento de la prueba, el error entra directo a la decisión de la sentencia. En un juicio penal, una distorsión en la descripción de una grabación puede decidir una absolución o una condena. El riesgo no es abstracto ni futurista; es un problema de valoración probatoria de hoy. La diferencia con el error humano tradicional es que este se produce en una caja opaca que no declara sus criterios ni puede ser interrogada en audiencia.

Información sensible y preguntas abiertas

El segundo hallazgo de CIPER es quizás más grave que el primero. Las sentencias revisadas muestran que funcionarios y jueces ingresaron información sensible a plataformas en la nube: bloques de prueba con diagnósticos de depresión por acoso laboral (Villa Alemana), el caso de una adulta mayor de 98 años semi postrada (Temuco), formularios fronterizos con datos personales de migrantes (Santiago) y la transcripción de una audiencia de familia (Arica). La investigación los presenta como ejemplos de información ingresada en plataformas en la nube. Sin embargo, su publicación no permite verificar para cada episodio qué servicio se utilizó, bajo qué licencia ni qué información recibió efectivamente un tercero. Son preguntas que requieren trazabilidad y una respuesta institucional. No corresponde convertir el riesgo descrito en una filtración acreditada para todos los casos.

El marco existe y no bastó

La fuente primaria exige corregir un punto de la noticia: el Código de Ética Judicial del Acta 244-2025 figura promulgado el 10 de noviembre y publicado el 19 de noviembre de 2025 en LeyChile, no aprobado en diciembre. El artículo 17 recomienda no incorporar información de causas a sistemas no autorizados, verificar respuestas independientemente y documentar las interacciones cuando sea posible. El artículo 1 aclara que sus prescripciones éticas no integran el régimen disciplinario ni generan por sí mismas consecuencias administrativas. No puede deducirse una sanción automática de ese texto.

La cronología también impide presumir que todos los casos contravinieron orientaciones posteriores: la resolución de marzo de 2025 antecede a la publicación del Código. Para los demás, habría que contrastar fecha, herramienta y conducta con el marco aplicable. CIPER refiere además que en agosto de 2026 la Corporación Administrativa comunicó Copilot Chat como herramienta autorizada. Esta cobertura no ha auditado esas licencias ni el tratamiento de datos de cada caso. El debate necesita ese contraste, además de nuevas reglas.

La confianza contractual no es una garantía técnica

Marcelo Mendoza, investigador principal del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), pone el dedo en la llaga: las suscripciones empresariales ofrecen canales más seguros, pero no existe garantía para el usuario de que los mecanismos sean efectivamente confiables; es un contrato de confidencialidad sin demostración técnica de que los datos no se almacenan. Eduardo Godoy, académico de la Universidad de Chile, concede que la declaración del fabricante es razonablemente confiable, pero admite que no hay cómo certificarla. Entre ambas posiciones queda un espacio incómodo que la judicatura debería asumir como propio: la confidencialidad de los expedientes no puede descansar solo en la cláusula de un proveedor.

El eslabón humano

Godoy recuerda que la mayoría de las fugas de datos en el mundo corporativo no se debe a fallas tecnológicas, sino a usuarios poco entrenados, generalmente sin dolo. Lillo añade la hipótesis de que el personal judicial podría estar saltándose los canales corporativos protegidos para usar herramientas comerciales más eficaces que las autorizadas. Si es así, el problema es de diseño institucional: cuando la herramienta oficial es percibida como inferior, la sombra tecnológica aparece. Capacitar y fiscalizar importa tanto como vetar.

La respuesta institucional en curso

Durante las XXIX Jornadas de Reflexión de la Corte Suprema, celebradas el 22 y 23 de octubre, el máximo tribunal debatió una nueva política de IA que contempla un Comité de Inteligencia Artificial encargado de evaluar las herramientas permitidas. El instrumento definitivo sería un auto acordado que afina la Dirección de Estudios junto al ministro Jean Pierre Matus. CIPER consultó al Poder Judicial sobre los nueve casos y, al cierre de su artículo, no había respuesta. El silencio frente a casos concretos es, en sí mismo, un dato de gobernanza que la política en preparación deberá corregir.

Qué exigir al futuro auto acordado

Desde esta tribuna, tres exigencias mínimas. Primera, un registro auditable del uso de IA en cada resolución. El artículo 17 recomienda documentar y conservar interacciones cuando sea posible; avanzar hacia una comprobación efectiva exige definir cómo se hará. Segunda, consecuencias claras para la fundamentación delegada: la fundamentación procedente de un chat sin revisión plantea un problema que debe poder examinarse por los cauces jurídicos aplicables, sin anticipar la nulidad de una resolución concreta. Tercera, controles técnicos sobre los canales autorizados, con pruebas periódicas y no solo contratos. Mendoza advierte que auditar la trazabilidad es un problema abierto y tecnológicamente no resuelto; precisamente por eso la supervisión humana documentada es una salvaguarda que no debería omitirse.

Preguntas frecuentes

¿Cuántas resoluciones detectó CIPER? Al menos nueve, en juzgados civiles, penales, laborales, de familia y cortes de apelaciones, según la investigación publicada el 10 de noviembre de 2026.

¿Qué herramienta refiere la investigación? Copilot Chat: CIPER atribuye a una comunicación de la Corporación Administrativa de agosto de 2026 su autorización y las condiciones declaradas de confidencialidad. No se ha auditado aquí la licencia de cada caso.

¿Existe norma ética sobre el tema? Sí. El artículo 17 del Código de Ética Judicial, publicado el 19 de noviembre de 2025, contiene orientaciones sobre sistemas autorizados, revisión y trazabilidad. Su ámbito ético se distingue del disciplinario en el artículo 1.

¿Respondió el Poder Judicial a CIPER? Según el medio, no hubo respuesta hasta el cierre del artículo.

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Fuentes y límites

Fuente periodística: "Aquí tienes la parte considerativa y resolutiva": la huella de la Inteligencia Artificial en sentencias del Poder Judicial, CIPER Chile, 10 de noviembre de 2026, consultada el 11 de noviembre de 2026. Contraste primario: Código de Ética Judicial, Acta 244-2025, LeyChile, artículos 1 y 17, consultado el 11 de noviembre de 2026. Se corrige la cronología de la noticia y se distingue el ámbito ético del disciplinario. Las valoraciones son editoriales; los casos y citas de especialistas se atribuyen a CIPER, sin auditoría independiente expediente por expediente. Información, no asesoramiento jurídico.

Fuentes

  1. Fuente consultada: www.ciperchile.cl. Consultada el 11 de noviembre de 2026.
  2. Fuente consultada: www.bcn.cl. Consultada el 11 de noviembre de 2026.

Las fuentes utilizadas se identifican en esta lista; las crónicas periodísticas se atribuyen a su medio de origen.

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