Defender al que defiende

El derecho a defensa no se ejerce en abstracto: lo ejerce una persona, con nombre, domicilio y familia, que se sienta frente al imputado y frente al Estado. Cuando esa persona teme por su integridad, el derecho se degrada para todos. Por eso la reunión entre la defensora nacional, Verónica Encina, y el general subdirector de Carabineros, Enrique Monrás, informada por La Tercera el 19 de octubre, es más que una noticia de coordinación institucional: es el reconocimiento de una deuda.

Lo que se anunció

La Defensoría Penal Pública impulsa una estrategia nacional de protección de sus equipos -defensores, asistentes y funcionarios- con tres piezas: una subcomisión especializada en seguridad dentro de la Mesa Nacional de Justicia Penal, un protocolo interinstitucional de prevención, protección y apoyo con el Ministerio de Justicia, Gendarmería, Carabineros y el Ministerio Público, y la tramitación preferente de las denuncias por amenazas o agresiones contra integrantes de la institución.

La defensora Encina fue cuidadosa en las formas -estas situaciones "han sido excepcionales"- y precisa en el fondo: la seguridad de quienes defienden es "condición fundamental para garantizar el ejercicio independiente y efectivo del derecho a defensa". Suscribimos cada palabra.

La pieza que falta

El protocolo en preparación protege a la defensa pública. Pero en los tribunales penales chilenos actúan también miles de defensores particulares -abogados de ejercicio libre- que enfrentan los mismos riesgos en las causas complejas sin red institucional que los ampare: sin protocolo, sin canal preferente de denuncia, sin coordinación policial. La abogacía independiente de Chile debería exigir que el estándar que hoy nace para el defensor público se extienda a todo el foro penal.

El gremio tiene esta semana una ocasión propicia para plantearlo: el IV Encuentro Anual del Colegio de Abogados del 22 de octubre. Que la protección del ejercicio de la defensa -pública y privada- quede sobre la mesa. Nuestra crónica de las medidas acordadas entre la DPP y Carabineros detalla lo anunciado.

El derecho a defensa, consagrado en el artículo 19 número 3 de la Constitución, no distingue entre defensor público y privado. Si el Estado acepta -como acaba de hacerlo- que la seguridad es condición del ejercicio independiente de la defensa, esa premisa no puede detenerse en la frontera del estatuto funcionarial.

Esta redacción seguirá el tema en la sección de opinión de Chile. La experiencia comparada es elocuente: en los países donde el crimen organizado ha ganado terreno, la primera línea de presión no suele ser el juez ni el fiscal -protegidos por su institución-, sino el defensor, que transita solo entre el tribunal, la unidad penal y su oficina. Chile todavía está a tiempo de construir la protección antes de que el riesgo se generalice, y esa es precisamente la ventana que la estrategia de la Defensoría busca aprovechar.

Hay también un efecto indirecto que no debe subestimarse: cuando el defensor se siente protegido, ejerce con la independencia que el sistema necesita. Una defensa intimidada es una defensa débil, y una defensa débil es un juicio peor. Proteger al defensor, en definitiva, es proteger la calidad misma del proceso penal. La subcomisión propuesta reúne al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gendarmería, Carabineros, el Ministerio Público y la propia Defensoría, una mesa con todos los actores del sistema penal. Esa composición es una oportunidad: el protocolo que de ella salga puede cubrir el circuito completo -audiencias, traslados, unidades penales y trabajo territorial- en lugar de parches por institución.

Fuentes y límites

Esta tribuna se basa en la información de La Tercera del 19 de octubre de 2026, consultada el 20 de octubre de 2026. Las valoraciones son de esta redacción. Información, no asesoramiento jurídico.