IA en la Administración de Justicia: qué permite y qué prohíbe la política de uso de 2024

La inteligencia artificial ya forma parte del funcionamiento ordinario de la Administración de Justicia. Según una presentación de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, del Ministerio de Justicia, fechada en mayo de 2025, en junio de 2024 se aprobó la Política de Uso de la Inteligencia Artificial en este ámbito, con el objetivo de asegurar un uso responsable, legal y ético de estas tecnologías.

El mismo documento resume el enfoque: las herramientas no buscan sustituir a las personas ni toman decisiones que puedan afectar a los derechos y libertades de la ciudadanía. Para la abogacía, que litiga cada día ante juzgados que usan estas herramientas, conviene conocer qué permite la política y qué prohíbe.

Dónde consultar el texto

El Consejo de Europa publica en su web una versión preliminar en inglés de la política, advirtiendo de que puede contener errores de traducción. Ese texto indica que su adopción debe ser ratificada por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas con competencias en Justicia y el Ministerio. Los datos de este artículo sobre la política proceden de esa versión, por lo que conviene contrastarlos con el texto en español cuando esté disponible.

Ámbito

La política se aplica a los sistemas y servicios que se nutren de datos judiciales, desde el primer escrito hasta la resolución final, incluidas las publicaciones y notificaciones. Alcanza al personal de la Administración de Justicia, al de los proveedores y a otros actores institucionales con acceso a los sistemas. Distingue entre los usos que pueden afectar a la independencia judicial y los que no.

Tres niveles de uso

La generación de código informático requiere además la aprobación del área tecnológica, con revisión por pares y validación de seguridad.

Lo que está prohibido

Según la versión consultada, la política prohíbe:

• Usar datos protegidos para apoyar decisiones que afecten a derechos, salvo autorización específica.
• Generar resoluciones definitivas que se dicten de forma automática.
• Informar de forma automatizada sobre el estado de los procedimientos sin supervisión humana.
• Predecir el comportamiento futuro de las personas para fundamentar actuaciones judiciales, como la prisión provisional o la libertad condicional.
• Sustituir con sistemas generativos la asistencia a reuniones o comisiones.

Garantías

La política exige que todo resultado de IA generativa se identifique como tal, y que se marque claramente en los materiales dirigidos al exterior. Lo generado debe ser revisado por una persona siempre que afecte, directa o indirectamente, a derechos o a la actividad judicial, y la responsabilidad final corresponde a jueces y magistrados. La ciudadanía debe saber si un resultado de IA es vinculante y conserva el derecho a ser oída por un órgano judicial.

En protección de datos, pide evaluaciones de impacto antes del uso y advierte de que los datos introducidos en herramientas públicas de IA generativa pueden persistir o reaparecer. Recomienda publicar fichas FAT de cada servicio, con los datos, los algoritmos y los posibles sesgos.

Las herramientas que describe el Ministerio

La presentación de mayo de 2025 enumera varias herramientas:

• Textualización de Grabaciones: convierte en texto el audio y el vídeo, en producción.
• Anonimizador de documentos: reconoce los datos que identifican a las personas.
• Clasificador Documental: cataloga automáticamente la documentación que llega a las sedes judiciales.
• Análisis de similaridad: localiza la misma persona en distintas partes de un documento.
• Lectura Fácil: en prueba de concepto, para adaptar textos jurídicos.
• Delfos: un buscador inteligente en documentos jurídicos, con un pilotaje previsto.
• Asistentes de borradores para monitorios y reclamaciones aéreas, desarrollados con el CENDOJ, que generan un borrador de resolución para su revisión y edición final por el juez o magistrado.

Varios servicios se ofrecen a través del portal serviciosia.justicia.es. El documento menciona además el Manifiesto del Dato, que trata el dato como un bien público.

Qué significa para los abogados

1. Las grabaciones pueden tener transcripción automática. Es útil para preparar un recurso, pero conviene contrastarla con la grabación antes de citarla.
2. Los borradores asistidos se limitan a asuntos muy definidos y pasan siempre por el juez. Si una resolución parece estandarizada, la vía es el recurso habitual.
3. Los criterios para jueces se completan con la instrucción del CGPJ que analizamos en el repaso de la instrucción del CGPJ sobre IA para jueces.
4. El despacho necesita sus propias reglas, con el mismo espíritu de supervisión humana, como proponíamos en el editorial sobre la política de IA en el despacho. Los tribunales ya sancionan las citas falsas, como recogimos al tratar las sanciones por jurisprudencia falsa.

Más análisis en IA jurídica.