Editorial: los jueces ya tienen reglas para usar la IA; los despachos también deberían tenerlas

Este es un editorial de la redacción de AGENTE LEX. Expresa la opinión del portal.

Los jueces españoles saben desde el 30 de enero de 2026 qué pueden y qué no pueden hacer con la inteligencia artificial. Ese día se publicó en el BOE la Instrucción 2/2026 del CGPJ, que limita su uso a los sistemas facilitados por las administraciones de Justicia o por el propio Consejo, lo admite solo como apoyo y exige una revisión personal, completa y crítica de cualquier borrador.

La Administración de Justicia tiene además, según el Ministerio de Justicia, una política de uso de la IA aprobada en junio de 2024. El Ministerio la presenta con una idea clara: la IA debe ayudar en las tareas rutinarias, no sustituir a las personas ni tomar decisiones que afecten a derechos y libertades. Analizamos su contenido en el artículo sobre la IA en la Administración de Justicia.

La pregunta es inevitable: ¿cuántos despachos tienen algo parecido por escrito?

La responsabilidad ya está definida; las reglas, no

Los tribunales no han esperado. El TSJ de Canarias impuso en febrero de 2026 una multa de 420 euros a un abogado que citó hasta 48 sentencias inexistentes sugeridas por una herramienta de IA. La Sala señaló que una consulta en el CENDOJ habría revelado los errores y habló de un deber de supervisión humana. Otros tribunales han resuelto en la misma línea, como recogimos en el repaso de las sanciones por jurisprudencia falsa generada por IA.

El mensaje es inequívoco: la responsabilidad es de quien firma. Lo que puede faltar en un despacho es la organización que permite cumplir con esa responsabilidad de forma sistemática y no confiando en la memoria de cada abogado.

Lo que el despacho puede aprender de la instrucción judicial

La instrucción del CGPJ ofrece una estructura que se puede adaptar:

1. Lista cerrada de herramientas. Los jueces solo pueden usar sistemas autorizados. Un despacho puede decidir qué herramientas se contratan, con qué condiciones de confidencialidad y para qué tareas.
2. Usos permitidos y prohibidos. La instrucción distingue entre búsqueda, análisis, esquemas y borradores internos, permitidos como apoyo, y la delegación de decisiones, prohibida. En un despacho, la frontera puede estar entre preparar un primer borrador y presentar un escrito sin revisar.
3. Protección de datos. La instrucción prohíbe introducir datos judiciales en sistemas no facilitados. El equivalente en un despacho es no introducir información de clientes en servicios que no garanticen la confidencialidad por contrato.
4. Formación. El CGPJ se compromete a formar a la carrera judicial. Un despacho debería hacer lo mismo con su equipo.

Un deber europeo, aunque suavizado

El Reglamento europeo de IA obliga a quienes despliegan estos sistemas a adoptar medidas sobre la alfabetización en IA de su personal. El Ómnibus digital, en vigor desde julio, ha suavizado la redacción de ese deber, que ahora consiste en adoptar medidas para apoyar esa alfabetización. Que el deber sea más flexible no lo hace innecesario. Lo hace más fácil de cumplir con una política breve y bien aplicada.

Nuestra propuesta: una página

No hace falta un manual de cien páginas. Una política útil cabe en una:

• Qué herramientas están autorizadas.
• Qué información no se introduce nunca.
• Quién verifica las citas y referencias, y cómo.
• Cuándo se informa al cliente del uso de IA.
• Qué formación recibe el equipo y cada cuánto.

La guía del CCBE sobre IA generativa para abogados ofrece recomendaciones prácticas para redactarla, y la instrucción del CGPJ, un modelo de estructura. Los jueces ya tienen sus reglas. Es buen momento para que cada despacho escriba las suyas. Más editoriales en Opinión.