Así pueden usar los jueces la inteligencia artificial: la Instrucción 2/2026 del CGPJ, punto por punto

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó el 28 de enero de 2026 la Instrucción 2/2026, sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. Se publicó en el BOE del 30 de enero y se aplica desde ese día.

La instrucción se dirige a jueces y magistrados, no a la abogacía. Pero quien litiga tiene interés en conocerla: define qué puede hacer la IA en el despacho del juez y, sobre todo, qué no puede hacer.

El punto de partida: apoyo, nunca sustitución

La exposición de motivos se apoya en el Reglamento europeo de IA, en la normativa española sobre digitalización de la Justicia y en la Política de uso de la IA aprobada en el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE). Su tesis es clara: la IA es una ayuda al ejercicio de la función jurisdiccional, no un sustituto.

Ese enfoque se traduce en nueve principios, recogidos en el apartado cuarto: control humano efectivo, no sustitución, responsabilidad judicial, independencia, respeto a los derechos fundamentales, confidencialidad y seguridad, prevención de sesgos, proporcionalidad y uso limitado, y formación.

Solo sistemas autorizados

El apartado quinto establece que los jueces solo pueden usar sistemas de IA facilitados por las administraciones con competencias en Justicia o por el propio CGPJ, sujetos a su control de calidad y auditoría.

El apartado noveno prohíbe usar sistemas no facilitados. Admite una excepción limitada: tareas de preparación o estudio que trabajen solo con fuentes abiertas. En ningún caso se pueden introducir datos judiciales en esos sistemas externos.

Usos permitidos

Según el apartado sexto, la IA puede usarse solo como apoyo para:

• Buscar y localizar información jurídica.
• Analizar, clasificar y estructurar los documentos del procedimiento.
• Elaborar esquemas, resúmenes o borradores de trabajo interno sin carácter decisorio.
• Realizar tareas organizativas.

Borradores de resoluciones

El apartado séptimo regula el caso más delicado. Los borradores de resoluciones solo pueden generarse con sistemas facilitados, a voluntad del juez y de forma modificable. Exigen una revisión y validación personal, completa y crítica, y no constituyen decisiones automatizadas. La responsabilidad sobre la resolución sigue siendo exclusiva del juez.

Usos prohibidos

El apartado octavo enumera lo que no se puede hacer:

1. Sustituir o delegar la toma de decisiones, la valoración de los hechos o de la prueba, o la interpretación y aplicación del Derecho.
2. Usar resultados que condicionen la independencia o la libertad de criterio.
3. Incorporar a las resoluciones contenidos generados por IA sin una valoración crítica y personal.
4. Tratar datos especialmente protegidos o elaborar perfiles sin autorización expresa.
5. Cualquier otro uso contrario a la instrucción.

Protección de datos y supervisión

El apartado décimo prohíbe usar datos personales en sistemas no facilitados y limita su tratamiento a lo estrictamente necesario y proporcionado, sin tratamientos masivos, con medidas técnicas como la trazabilidad. El CGPJ supervisa estos tratamientos con fines jurisdiccionales, ofrecerá formación y advierte de que el incumplimiento puede generar responsabilidades conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Lo que la instrucción no dice

El texto no obliga expresamente al juez a informar a las partes de que ha usado IA en la preparación de una resolución. Sí deja claro que la responsabilidad es plena e indelegable y que el control humano debe ser real y efectivo.

Qué significa para el abogado

Un estándar de referencia

La instrucción describe un modelo de uso responsable: herramientas autorizadas, datos protegidos, verificación humana y responsabilidad de quien firma. Es el mismo estándar que los tribunales están aplicando a los escritos de parte. Los casos en los que se ha sancionado a letrados por citar sentencias inexistentes lo muestran con claridad, como explicamos en nuestro repaso de las sanciones por jurisprudencia falsa generada por IA.

Argumentos para los recursos

Si una resolución reflejara un uso de la IA contrario a la instrucción, por ejemplo una valoración de la prueba sin razonamiento propio, el abogado tiene ahora un marco escrito al que remitirse.

Una política interna paralela

Un despacho puede inspirarse en esta estructura para su propia política: lista cerrada de herramientas, prohibición de introducir datos sensibles en servicios no contratados, verificación obligatoria y formación. La guía del CCBE sobre IA generativa para abogados ofrece recomendaciones complementarias desde el lado de la abogacía.

El calendario europeo también importa: lo repasamos en el nuevo calendario del Reglamento de IA tras el Ómnibus digital. Y la organización de los juzgados ha cambiado con los Tribunales de Instancia, sobre la que escribimos en nuestro editorial sobre los Tribunales de Instancia. Más análisis en la sección de IA jurídica.