El TJUE aclara que una insolvencia abierta fuera de la UE no cierra la puerta a la orden europea de retención de cuentas (C-716/24, Ponner)

La Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto, en sentencia de 5 de noviembre de 2026, asunto C-716/24, Ponner, una cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunal Superior Regional de Fráncfort del Meno, Alemania) con dos pronunciamientos de gran utilidad práctica para la ejecución transfronteriza de créditos: la apertura de un procedimiento de insolvencia del deudor en un tercer país —en el caso, Curazao— no excluye del ámbito del Reglamento (UE) n.º 655/2014 la emisión de una orden europea de retención de cuentas ni la petición de información sobre cuentas bancarias, y los "motivos fundados" que el artículo 14 exige para solicitar esa información pueden acreditarse mediante vínculos económicos acreditados entre el deudor y el Estado miembro de que se trate, aunque no se conozca una cuenta concreta.

El instrumento en juego: el Reglamento 655/2014

El Reglamento (UE) n.º 655/2014, de 15 de mayo de 2014, establece un procedimiento europeo relativo a la orden de retención de cuentas "a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil". Su mecanismo permite al acreedor solicitar que los fondos del deudor depositados en cuentas bancarias de otro Estado miembro queden retenidos, y su artículo 14 añade una herramienta esencial para los casos —habituales— en que el acreedor ignora dónde tiene cuentas su deudor: la petición a efectos de obtención de información, por la que el órgano jurisdiccional requiere a las autoridades de información de otro Estado miembro los datos necesarios para identificar el banco y las cuentas del deudor. La condición de fondo del artículo 7, que el recurrente alemán invocó apoyándose en la insolvencia, es el riesgo de que el cobro ulterior del crédito se vea impedido o dificultado considerablemente.

Los hechos: una deuda de juego online y una sociedad "fantasma"

El litigio principal enfrenta a EJ, domiciliada en Alemania, con DX NV, sociedad constituida conforme al Derecho de Curazao dedicada a la explotación de juegos de azar. EJ obtuvo del Landgericht Frankfurt am Main una sentencia en rebeldía, firme y ejecutiva, que condenó a DX al pago de 57.364 euros, más intereses y gastos, en concepto de reembolso de las pérdidas sufridas por EJ en juegos de azar en línea.

El 29 de mayo de 2024, EJ presentó ante ese mismo tribunal una petición de obtención de información sobre cuentas bancarias que, a su juicio, DX mantenía en Chipre (artículo 14 del Reglamento 655/2014), junto con una solicitud de orden europea de retención sobre esas cuentas (artículo 7). En apoyo de ambas alegó que las apuestas se transferían a DX a través de dos sociedades chipriotas y que la deudora carecía de bienes embargables en Curazao, al tratarse, en su opinión, de una sociedad "fantasma". El Landgericht denegó la petición de información el 5 de junio de 2024 —la intervención de sociedades chipriotas en las transferencias no probaba que DX fuera titular de cuentas allí— y anunció la denegación de la retención, porque no se había acreditado la inexistencia de activos embargables en Curazao ni se había identificado cuenta alguna.

EJ recurrió el 20 de junio de 2024 ante el Oberlandesgericht, aportando un dato nuevo: según el Registro Mercantil de Curazao, el 10 de junio de 2024 se había abierto un procedimiento de insolvencia respecto de DX, lo que, a su entender, acreditaba el riesgo de que la ejecución se viera impedida. El tribunal remitente explicó que el Derecho alemán —artículo 343.1 de la Ley de Insolvencia— reconoce la apertura de procedimientos concursales extranjeros que persigan objetivos equivalentes, requisito que el procedimiento de Curazao cumplía, y planteó al Tribunal de Justicia la duda de fondo: si esa insolvencia en un tercer país excluye la aplicación del Reglamento 655/2014 y cómo deben entenderse los "motivos fundados" del artículo 14.

Primera cuestión: la exclusión del artículo 2.2.c) no alcanza a insolvencias en terceros países

El artículo 2, apartado 2, letra c), del Reglamento 655/2014 excluye de su ámbito "los créditos frente a un deudor respecto del cual se hayan iniciado procedimientos de liquidación de sociedades u otras personas jurídicas insolventes". El tribunal a quo consideraba que, a la luz del considerando 8, esa exclusión impedía dictar la orden contra un deudor en insolvencia. El Tribunal de Justicia desmonta esa lectura con un argumento sistemático: el considerando 8 remite a los procedimientos de insolvencia definidos en el Reglamento n.º 1346/2000, hoy sustituido por el Reglamento (UE) 2015/848, y este —artículos 1.1 y 2.4— define los procedimientos de insolvencia como los enumerados en su anexo A, que solo recoge procedimientos abiertos en Estados miembros.

Curazao, recuerda la sentencia, figura en el anexo II del Tratado FUE como país y territorio de ultramar (PTU) sujeto al régimen de asociación de los artículos 198 a 204 TFUE, y ni los Tratados ni la Decisión 2021/1764 extienden a los PTU el Reglamento 655/2014 ni el 2015/848: a efectos de ambos reglamentos, la insolvencia de DX es una insolvencia abierta en un tercer país. La sentencia refuerza la conclusión con el artículo 46.2 del Reglamento 655/2014, que solo reparte efectos entre la retención y las insolvencias abiertas en Estados miembros, sin norma alguna para las abiertas en terceros países.

El fallo, en su primer punto, declara que el artículo 2, apartado 2, letra c), "a la luz de su considerando 8, debe interpretarse en el sentido de que no excluye del ámbito de aplicación de dicho Reglamento los créditos frente a un deudor respecto del cual se ha iniciado un procedimiento de insolvencia en un tercer país", de modo que tampoco excluye la emisión de la orden de retención ni la petición de información, siempre que el Derecho nacional del Estado miembro competente reconozca ese procedimiento de insolvencia —como hacía el alemán en el caso.

Segunda cuestión: "motivos fundados" y vínculos económicos acreditados

La petición de información sobre cuentas del artículo 14 exige que el acreedor tenga "motivos fundados para creer que el deudor mantiene una o varias cuentas en un banco en un Estado miembro determinado" y que la petición esté "bien fundada". El Tribunal de Justicia interpreta que deben tenerse en cuenta circunstancias que, sin indicar concretamente la existencia de una cuenta bancaria en ese Estado miembro, permitan demostrar la existencia de vínculos económicos acreditados entre el deudor y dicho Estado.

El caso ofrece el ejemplo: DX explotaba, según su propio sitio web, una sociedad establecida en Chipre que le servía de agencia local a través de una sucursal chipriota; el prestador de servicios de pago que intervino en las transferencias de las apuestas formaba parte del grupo de DX, y la directora general de DX lo era también de una sociedad con domicilio social en Chipre. El tribunal remitente ya estimaba que esos estrechos vínculos bastaban para justificar la solicitud, y el Tribunal de Justicia ha validado esa línea: el artículo 14 no exige conocer el banco y el número de cuenta —precisamente lo que la petición pretende descubrir—, sino indicios serios de conexión económica.

Trascendencia práctica para la ejecución en Europa

La sentencia refuerza la orden europea de retención de cuentas como instrumento útil frente a deudores que se estructuran a través de jurisdicciones terceras —sociedades de juego online domiciliadas en territorios como Curazao son el ejemplo del caso— y despeja dos excusas frecuentes: ni la insolvencia extranjera paraliza por sí misma la vía europea, ni la petición de información exige una identificación previa imposible. Para los despachos de ejecución civil transfronteriza, Ponner fija un estándar probatorio alcanzable y coherente con la finalidad del mecanismo. Se enmarca en la intensa actividad reciente del Tribunal de Justicia en materia de justicia civil, de la que este medio ha dado cuenta en asuntos como la sentencia C-798/24, Jautiva o el derecho a la asistencia letrada en el asunto C-660/24.

Las costas del procedimiento prejudicial corresponden al órgano jurisdiccional remitente, por su carácter de incidente del litigio principal.

Preguntas frecuentes

¿Una insolvencia del deudor fuera de la UE impide la orden europea de retención?

No. El TJUE interpreta que el artículo 2.2.c) del Reglamento 655/2014 solo se refiere a procedimientos de insolvencia de los enumerados para los Estados miembros, no a los abiertos en terceros países, siempre que el Derecho nacional reconozca ese procedimiento.

¿Qué hay que acreditar para pedir información sobre cuentas en otro Estado miembro?

Motivos fundados de que el deudor mantiene cuentas allí, que pueden demostrarse mediante vínculos económicos acreditados —filiales, prestadores de pago, administradores comunes— sin necesidad de conocer el banco o el número de cuenta.

¿Qué es la orden europea de retención de cuentas?

El mecanismo del Reglamento (UE) n.º 655/2014 que permite a un acreedor con título ejecutivo retener fondos del deudor en cuentas bancarias situadas en otro Estado miembro, simplificando el cobro transfronterizo en materia civil y mercantil.

Fuentes

• Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 5 de noviembre de 2026, C-716/24, Ponner (EUR-Lex)